El proyecto que puso a las iglesias en el centro del debate
La ministra de Educación, Viviane Morales, salió en defensa de un proyecto de decreto que contempla la posibilidad de que entidades territoriales contraten con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar determinadas estrategias pedagógicas en establecimientos educativos oficiales.
La propuesta generó críticas de sectores sindicales y políticos, que cuestionan la participación de organizaciones religiosas en instituciones financiadas y administradas por el Estado.
Morales respondió que la iniciativa no crea una figura nueva y que este tipo de contratación ya está contemplado en el ordenamiento educativo colombiano desde hace décadas.
Morales niega que se trate de privatizar la educación
Uno de los principales cuestionamientos alrededor del proyecto es que la intervención de organizaciones privadas y religiosas pueda significar una transferencia de responsabilidades del Estado. La ministra rechazó esa interpretación.
Morales explicó que, bajo el esquema planteado, los establecimientos continuarían siendo oficiales, la matrícula seguiría formando parte de la oferta pública y las entidades territoriales conservarían la dirección, responsabilidad, control y vigilancia del servicio educativo.
Por eso, desde el Ministerio se sostiene que la propuesta no equivale a privatizar los colegios, sino a utilizar mecanismos de contratación que ya existen dentro del marco legal.
¿Qué papel tendrían las iglesias?
El proyecto contempla que las entidades territoriales certificadas puedan establecer contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas en determinados contextos.
Según la explicación entregada por Morales, esta posibilidad tiene antecedentes en la legislación educativa y no fue creada por la actual administración. La ministra sostiene que las disposiciones relacionadas con este tipo de contratación existen desde la Ley General de Educación de 1994 y han sido reglamentadas posteriormente.
Sin embargo, el debate actual se concentra en cómo se aplicaría esa posibilidad y cuáles serían los límites para garantizar que la educación pública mantenga su carácter estatal.
La trayectoria religiosa de Viviane Morales vuelve más sensible la discusión
La controversia adquiere una dimensión adicional por el perfil de la propia ministra. Morales es una figura política con una trayectoria estrechamente relacionada con el cristianismo evangélico. Su llegada al Ministerio de Educación ya había generado cuestionamientos por el posible impacto de sus convicciones religiosas en las políticas educativas.
La relación entre Morales y sectores de las iglesias cristianas tampoco es nueva. Durante su trayectoria política ha recibido respaldo de organizaciones y movimientos vinculados con comunidades religiosas. En 2018, por ejemplo, el liderazgo de iglesias cristianas respaldó su candidatura presidencial.
Ese antecedente explica, en parte, por qué la propuesta educativa ha provocado una reacción particularmente fuerte.
La discusión sobre la educación pública
El punto de fondo no es únicamente si las iglesias pueden participar mediante contratos, sino qué límites deben existir cuando organizaciones religiosas intervienen en instituciones educativas oficiales.
Colombia reconoce la libertad religiosa y, al mismo tiempo, mantiene un Estado que no puede adoptar una religión oficial. Por ello, cualquier participación de confesiones religiosas dentro del sistema educativo público debe desarrollarse bajo las reglas generales del servicio educativo y respetando la autonomía de los estudiantes y sus familias.
Precisamente en ese punto se concentra buena parte de las críticas al proyecto.
Mientras sus opositores advierten sobre el riesgo de una mayor influencia religiosa en los colegios públicos, Morales sostiene que la propuesta se limita a utilizar mecanismos legales existentes y que el control del servicio permanecería en manos del Estado.
Un debate que apenas comienza
El proyecto todavía se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que su contenido puede ser objeto de observaciones y modificaciones antes de convertirse en una norma definitiva.
La discusión, además, llega en un momento en que la administración de Abelardo de la Espriella ha generado un debate más amplio sobre la relación entre religión, política y Estado. La presencia de figuras con posiciones religiosas conservadoras dentro del Gobierno ha alimentado las preguntas sobre el alcance de esa agenda en áreas como educación y cultura.
Por ahora, la ministra insiste en que no se está privatizando la educación pública y que la participación de iglesias no constituye una novedad jurídica.
El desafío estará en determinar cómo se aplicará el mecanismo en los colegios oficiales y cuáles serán las garantías para que cualquier estrategia pedagógica contratada con organizaciones religiosas se mantenga dentro de los límites constitucionales y educativos.
