El dirigente político Iván Cepeda convocó a una movilización pacífica contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó el Decreto 1525 de 2026, que establece nuevas reglas para la actuación de la Policía durante las manifestaciones públicas. En su pronunciamiento, sostuvo que la medida representa un riesgo para el ejercicio del derecho a la protesta y llamó a la ciudadanía a salir a las calles.
Cepeda calificó la expedición del decreto como una estrategia intimidatoria y aseguró que el nuevo protocolo amplía el uso de la fuerza, limita el diálogo policial y podría facilitar la criminalización de quienes participan en movilizaciones, incluso cuando lo hacen de manera pacífica. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación del dirigente sobre los alcances de la norma.
El político también cuestionó que, según su versión, el Gobierno no hubiera consultado a la ciudadanía ni a las organizaciones sociales antes de expedir el protocolo. Para establecer las diferencias con las reglas anteriores, recordó el proceso de construcción del protocolo que rigió durante la administración del expresidente Gustavo Petro, al que atribuyó un mayor énfasis en el diálogo y la garantía de la protesta.
En su declaración, Cepeda evocó las movilizaciones de 2019 a 2021 y las denuncias por lesiones y muertes durante intervenciones de la Fuerza Pública. Asimismo, defendió la gestión del gobierno anterior en materia de protesta social y afirmó que durante ese periodo se privilegió el diálogo como mecanismo para atender las manifestaciones.
El Decreto 1525 de 2026 establece disposiciones para la intervención policial ante diferentes escenarios de protesta, incluidos hechos de violencia. Mientras sus críticos advierten posibles riesgos para los derechos de los manifestantes, la evaluación de sus efectos requiere distinguir entre las reglas concretas del texto y las interpretaciones políticas sobre su aplicación.
“Hoy saldremos a las calles de manera pacífica, multitudinaria, decidida y digna”, expresó Cepeda, quien llamó a rechazar lo que considera medidas arbitrarias del Ejecutivo. La convocatoria se presenta como una de las primeras movilizaciones contra el Gobierno de De la Espriella y pone en el centro del debate público el alcance del derecho a la protesta y los límites de la actuación policial.
