BOGOTÁ.— La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha intensificado su actividad procesal durante la última semana, consolidándose como el epicentro de un intenso escrutinio judicial sobre el presidente Gustavo Petro. Este órgano legislativo, encargado constitucionalmente de investigar al jefe de Estado, mantiene bajo estudio un conjunto de expedientes que han generado debate tanto por su contenido técnico como por la coyuntura electoral en la que se desarrollan.
Entre las actuaciones más recientes, destaca la apertura de una investigación previa por la compra de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab. Esta operación, anunciada originalmente en noviembre de 2025 y valorada en más de 16 billones de pesos, ha despertado dudas sobre su transparencia y cumplimiento de las normas de contratación pública. La representante investigadora, Gloria Elena Arizabaleta, ha ordenado la práctica de pruebas, que incluyen la solicitud de documentación detallada al Ministerio de Defensa y la toma de declaraciones juramentadas a los responsables de la gestión.
Además, el mandatario enfrenta múltiples procesos acumulados por su supuesta participación indebida en política. Estos expedientes, iniciados en su mayoría de oficio, se fundamentan en publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas que, a juicio de los denunciantes —entre quienes figuran actores políticos de diversos sectores—, habrían vulnerado el principio de neutralidad que debe regir al Ejecutivo durante la contienda electoral por la presidencia.
Resumen de los frentes de investigación abiertos:
- Caso Aviones Gripen: Investigación previa centrada en la legalidad y transparencia de la multimillonaria compra de aeronaves para la Fuerza Aérea. Se han compulsado copias a la Fiscalía para evaluar posibles implicaciones de terceros, como la primera dama, Verónica Alcocer.
- Participación en Política: Acumulación de cinco denuncias (incluyendo las presentadas por figuras como la candidata Claudia López) que analizan si las intervenciones del presidente en el debate electoral constituyen una violación al Código Penal (Art. 422) y a la normativa disciplinaria vigente.
- Gestión y Cumplimiento: Procesos derivados de señalamientos sobre la ejecución de políticas públicas, donde el legislativo busca determinar si existe mérito para avanzar hacia una acusación formal o si, por el contrario, los hechos carecen de fundamento jurídico.
“La Comisión de Acusación es el escenario natural donde deben ventilarse estas denuncias. La obligación de este órgano es garantizar el debido proceso, con total independencia y rigor técnico, más allá de la coyuntura política electoral”. — Fuentes legislativas cercanas a la Comisión.
La complejidad de estos expedientes aumenta ante el próximo cambio de composición del Congreso, previsto para el 20 de julio, fecha en la que los nuevos representantes asumirán la responsabilidad de continuar o archivar las actuaciones. Mientras los sectores de oposición insisten en que estas investigaciones son necesarias para el control político del país, desde el Ejecutivo y sectores afines se sostiene que muchas de estas medidas responden a una estrategia de “judicialización de la política” diseñada para interferir en el desarrollo de la segunda vuelta electoral.
Por el momento, el despacho de la representante Arizabaleta continúa en la etapa de recolección probatoria, mientras el país permanece expectante ante el ritmo que tomarán estos procesos en una de las fases de mayor escrutinio institucional en la historia reciente de Colombia.
