El Concejo de Bogotá concluyó este jueves el cabildo abierto sobre la asistencia militar o eventual militarización de la capital, un espacio de participación en el que concejales, ciudadanía y Administración Distrital expusieron sus posiciones y propuestas frente a las estrategias para enfrentar los problemas de seguridad de la ciudad. Durante la jornada quedaron en evidencia posturas divididas sobre el papel que deben desempeñar las Fuerzas Militares en el apoyo a las autoridades civiles.
Entre los concejales que respaldaron la asistencia militar estuvieron Julián Uscátegui, Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Ramírez y Emel Rojas. Los cabildantes consideraron que una mayor participación de las Fuerzas Militares podría contribuir a reforzar la presencia institucional en los sectores más afectados por la delincuencia. Barrios propuso solicitar 2.000 policías militares para apoyar labores de vigilancia en puentes, entradas y salidas de Bogotá, con el fin de permitir que la Policía Nacional concentre sus capacidades en los barrios y cuadrantes. Forero destacó el trabajo articulado entre Ejército y Policía, mientras Ramírez pidió reforzar la presencia militar en puntos críticos.
Por otro lado, Rolando González, Álvaro Acevedo, Nelson Cubides, Julián Forero, Armando Gutiérrez y Darío Cepeda plantearon la importancia de contar con el acompañamiento de las Fuerzas Militares en actividades y territorios específicos. Sus intervenciones apuntaron a una asistencia focalizada, sin que esto represente una militarización generalizada de Bogotá ni un traslado de las competencias constitucionales de la Policía Nacional.
En contraste, José Cuesta, Heidy Sánchez, Donka Atanasova, Jesús Araque, Germán García, Cristina Calderón, Ana Teresa Bernal, Jairo Avellaneda, Elkin Huertas, María Vargas, Julián Espinosa, Fernando López y Julián Triana expresaron su desacuerdo con la activación de la asistencia militar o una eventual militarización de la ciudad. En sus intervenciones defendieron la necesidad de preservar las funciones constitucionales de la Policía y las Fuerzas Militares, y señalaron que la respuesta a la inseguridad debe concentrarse en el fortalecimiento policial, la inteligencia, la investigación criminal, la justicia y la prevención.
Entre las alternativas presentadas durante el cabildo estuvieron la reestructuración y el fortalecimiento de las capacidades de la Policía, la persecución de las finanzas de las organizaciones criminales, una mayor coordinación entre la Fiscalía y los organismos de seguridad, así como la inversión social en los territorios. También se planteó reforzar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y garantizar que cualquier asistencia militar responda a circunstancias excepcionales y temporales, bajo el respeto de los derechos humanos.
Otros concejales centraron sus intervenciones en la necesidad de mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la capacidad de respuesta de la Fiscalía, optimizar la coordinación entre entidades y ampliar las estrategias de prevención del delito mediante herramientas tecnológicas.
Durante su intervención, el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció los desafíos de seguridad que enfrenta Bogotá y señaló que la ciudad tiene un déficit de policías frente a otras capitales. Sin embargo, estableció una diferencia entre el acompañamiento que actualmente realizan las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía y la figura formal de asistencia militar. Sobre esta última, manifestó que no considera que estén dadas las condiciones para solicitarla en este momento.
El mandatario defendió la continuidad y el fortalecimiento de las operaciones conjuntas, la protección de infraestructura estratégica y el trabajo articulado en sectores priorizados. Asimismo, anunció que insistirá en mejorar la coordinación entre organismos como la SIJIN, la SIPOL y la Fiscalía para afectar las finanzas de las estructuras criminales que operan en la capital.
Con el cierre del cabildo abierto, el Concejo de Bogotá terminó una jornada de deliberación en la que quedaron expuestas distintas propuestas para enfrentar la inseguridad. Aunque hubo posiciones encontradas sobre la participación de las Fuerzas Militares, las intervenciones coincidieron en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la respuesta de las autoridades frente a los delitos que afectan a los ciudadanos.