Noviembre 14 de 2026. La concejal Tata Hernández encendió las alarmas tras revelar que nueve docentes estarían vinculados a casos reportados hasta octubre de 2026. Impulsa un Proyecto de Acuerdo para impedir que personas condenadas por delitos sexuales sean contratadas en instituciones educativas.
La violencia sexual en los colegios de Bogotá vuelve a encender las alarmas. Con corte a octubre de 2026, la ciudad reportó 1.002 casos de violencia sexual en entornos escolares, nueve de ellos con docentes presuntamente involucrados, una cifra que pone en evidencia la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención, vigilancia y protección de niños, niñas y adolescentes.
La alerta fue puesta sobre la mesa por la concejal Tata Hernández, quien cuestionó las condiciones de seguridad en las instituciones educativas y reclamó respuestas concretas de la Secretaría de Educación del Distrito frente a los casos registrados y los controles que se aplican al personal vinculado a los colegios.
Pero su pronunciamiento no se quedó en la denuncia. La cabildante impulsa un Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá que busca prohibir la contratación en instituciones educativas de personas condenadas por delitos sexuales, con el propósito de cerrar posibles espacios de riesgo y fortalecer la protección de los estudiantes.
“Los colegios deben ser espacios seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que personas condenadas por delitos sexuales encuentren oportunidades de contratación en instituciones educativas. La protección de los estudiantes tiene que estar por encima de cualquier consideración”, advirtió Hernández.
Tata Hernández exige explicaciones a la Secretaría de Educación
La concejal solicitó a la Secretaría de Educación del Distrito precisar qué medidas se están implementando frente a los casos reportados, cuáles son los protocolos de atención y protección a las víctimas y cómo se verifica que las personas que trabajan o buscan vincularse a los colegios no tengan antecedentes que representen un riesgo para los estudiantes.
La discusión también pone el foco en los procesos de selección y contratación del personal educativo. Para Hernández, no basta con reaccionar cuando ocurre una agresión: es necesario fortalecer los filtros institucionales, anticiparse a los riesgos y garantizar que los entornos escolares sean espacios de protección y confianza.
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Un proyecto para cerrarles la puerta a los condenados por delitos sexuales
La iniciativa que promueve Tata Hernández busca establecer una barrera frente a la contratación de personas condenadas por delitos sexuales en instituciones educativas. Su avance en el Concejo será clave para llevar esta discusión al terreno de las medidas institucionales y no dejarla únicamente en pronunciamientos.
Las cifras conocidas representan una alerta para Bogotá. Cada caso exige investigación, atención a las víctimas y acciones que eviten nuevas agresiones. La protección de la infancia no puede depender de respuestas tardías ni de controles insuficientes.
La concejal insistió en que la ciudad debe actuar con urgencia y avanzar en mecanismos efectivos para que los colegios cumplan su propósito esencial: ser lugares seguros para aprender, crecer y desarrollarse.
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