Con el anuncio del presidente Abelardo de querer iniciar negociaciones con el FMI para recibir un préstamo para solventar el problema fiscal, nos devuelve a la realidad presupuestal de la forma más cruda posible y nos deja con la pregunta de si, en serio, Colombia necesita un rescate.
Curiosamente, la respuesta es un ¡no!, pero ambiguo; es decir, si seguimos como vamos y nada cambia, sí requeriremos un rescate, el cual, en el mejor de los mundos, alivia el problema presente y patea el problema hacia el futuro, pero es imposible que solucione el problema estructural y el fantasma de la crisis volverá. Pero, para entender por qué y las razones de cómo llegamos a esta situación fiscal, primero hay que despolitizar y alejar la fanfarria electoral de la discusión, porque ningún gobierno es el directamente responsable, pero, al mismo tiempo, no hay un solo alto funcionario del Estado —Gobierno, Congreso y magistrados— que pueda decir que es inocente de este desastre.
Y es que el problema del Estado colombiano se resume de una forma muy simple: los ingresos corrientes de la Nación no alcanzan ni siquiera para cubrir el gasto de funcionamiento, porque, según el PGN presentado por el gobierno de Abelardo, se van a recaudar 299 billones de pesos en 2027, mientras que solo en gasto de funcionamiento nos vamos a gastar 392 billones. Pero, si queremos ser precisos, los ingresos escasamente nos alcanzan para cubrir las transferencias, que para 2027 ascienden hasta la asombrosa cifra de 297 billones.
Y es aquí donde se debería estar poniendo la lupa, porque, sacando el servicio de la deuda, las transferencias son el gasto que más crece. Este año tuvo un crecimiento del 8,7 %, siendo el rubro de mayor crecimiento, y al ritmo al que crece es esperable que para el PGN de 2028 ya superen a los ingresos corrientes.
Esa partida es la que nadie quiere ver y tocar porque, desde 1991, cada Congreso se ha destacado por crear un fondo y cada nuevo impuesto, por definirle un gasto. Y es que, si cobramos impuesto al tabaco, entonces esto va para la salud y lo llamamos el FIS; si cobramos impuesto a la compra de seguros, esto va para el Fondo de Bomberos y Gestión del Riesgo; pero, si cobramos un impuesto por la emisión de CO₂, entonces creamos el Fondo de Adaptación Climática. Y podría seguir: la lista es larga. Si a esto le sumamos los fondos fiduciarios, porque cada entidad estatal tiene un fondo fiduciario como su contratadero, muy útiles para violar la Ley 80 sin romperla, podemos sumar, además, los fondos legales que no tienen un impuesto asociado, como el Fondo de Promoción Cafetera, aprobado hace dos años. Entonces, la lista literalmente es como si tendiera al infinito. La gran mayoría de estos fondos hacen parte contablemente de lo que se denominan transferencias.
A este dantesco escenario que nuestros honorables parlamentarios han construido durante más de 30 años hay que sumarle que la Constitución misma tampoco ayuda, pues desde el 91 se ató el sistema de SGP (SGP contablemente hace parte de las transferencias y junto a pensiones son los rubros más grandes) a los ingresos corrientes de la Nación y, cada cierto tiempo, alguna lumbrera política, en actos de irresponsabilidad fiscal, se le ocurre subir ese porcentaje, tal y como ocurrió con la reforma constitucional aprobada hace no más de dos años, que espera elevar el porcentaje de los ingresos que se destinan al SGP al 40 % de aquí a 2030. Entonces, esto nos lleva al punto de que cumplir la ley es quebrar a la Nación, porque es más importante que los gobernadores estén contentos y políticamente satisfechos que la estabilidad misma de la Nación.
Esto es grave, porque para reducir las transferencias toca o toca una reforma constitucional o, como buenos herederos hispánicos, usar el viejo proverbio colonial de que la ley se “acata, pero no se cumple”. Sin una reforma radical del Estado, el gasto más importante seguirá creciendo como palma hasta que caigamos como coco. Esta realidad es el origen de los gastos fijos, que son obligaciones legales que el presidente, llámese Abelardo, Petro o Pancracio, tiene que cumplir. Si se sigue omitiendo este problema, nunca podremos solucionar el problema que representa que los gastos fijos estén entre el 90 % y el 93 % del presupuesto.
Además, mientras los gastos estén ligados a los ingresos, como es el caso del SGP y muchos fondos, las reformas tributarias son más onerosas para la ciudadanía porque deben ser más grandes de lo requerido y, al mismo tiempo, menos eficaces para reducir el déficit fiscal. Para verlo con un ejemplo, si requerimos inyectarle 20 billones al Gobierno Nacional para estabilizar sus finanzas y evitar un sobreendeudamiento, la reforma tributaria que debemos realizar es de 33,33 billones para que el 40 % se lo lleven los gobernadores vía SGP.
Razón por la cual, lo único que logrará el rescate del FMI que busca el gobierno de Abelardo es patear el problema, en el mejor de los casos, una década; en el peor, solo trasladarlo para que el próximo gobierno lo solucione, tal y como lo han hecho todos los gobiernos desde Gaviria hasta Petro. Y, como no veo ni que toquen la realidad del problema, pues dudo que lo solucionen. Como buenos colombianos, seguiremos postergando el problema y dejando que crezca hasta que nadie lo pueda manejar, nos explote en la cara y nos veamos abocados a una crisis fiscal y económica a lo Argentina en 2001.
