El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de una profunda crisis política y financiera que ha sacudido al país tras el proceso de resolución de Ueno Bank. De acuerdo con información publicada por UOL Brasil, el mandatario envió la solicitud formal de dimisión al Congreso paraguayo, instancia que deberá estudiar y aprobar la decisión para que se haga efectiva.
El anuncio representa un nuevo episodio de tensión para el Gobierno paraguayo, que en los últimos días ha enfrentado fuertes cuestionamientos por la situación de Ueno Bank, entidad cuya crisis dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus cuentas y depósitos. La situación provocó manifestaciones ciudadanas, reclamos de ahorradores y críticas por los vínculos empresariales que existieron entre el mandatario y el grupo relacionado con la entidad financiera.
La controversia también derivó en una ofensiva política contra Peña. Legisladores de oposición y sectores disidentes del oficialismo impulsaron un pedido de juicio político, en el que señalaron presuntos conflictos de interés, posibles irregularidades en el manejo de recursos y fallas institucionales relacionadas con la supervisión del banco. Las acusaciones deberán ser examinadas por las instancias correspondientes y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente probados.
La crisis se agravó después de que el Banco Central del Paraguay iniciara el proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que la entidad no cumplía con los requisitos mínimos de solvencia. El caso generó preocupación entre los usuarios y puso bajo presión a las autoridades financieras. Como parte de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, también se produjo la salida de Carlos Carvallo de la presidencia del Banco Central, a petición del propio Peña.
La eventual salida del mandatario abre interrogantes sobre el futuro político e institucional de Paraguay. La solicitud de renuncia deberá seguir el procedimiento constitucional correspondiente en el Congreso, mientras el país enfrenta las consecuencias de la crisis bancaria y la incertidumbre sobre la protección de los ahorros de los afectados.
