Noviembre 7 de 2026. Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis institucionales de los últimos años. El expresidente Santiago Peña fue detenido por orden de la Fiscalía, luego de ser destituido por el Senado en un juicio político relacionado con las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank. Este sábado compareció ante la Justicia para responder por las investigaciones que también involucran a exdirectivos del Banco Central.
La crisis financiera de Ueno Bank provocó un terremoto político en Paraguay. El expresidente Santiago Peña fue detenido durante la noche del viernes 6 de noviembre, horas después de que el Senado aprobara su destitución por mal desempeño de sus funciones, en medio de las denuncias sobre presuntas irregularidades en las operaciones de la entidad bancaria.
La orden de detención fue emitida por el Ministerio Público dentro de una investigación penal que busca establecer las posibles responsabilidades de Peña y otros funcionarios en el colapso financiero de Ueno Bank. Entre los delitos bajo investigación se encuentran la presunta lesión de confianza, la administración en provecho propio y el tráfico de influencias.
El exmandatario permaneció inicialmente bajo custodia en su residencia, en Asunción, y posteriormente fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial por razones de seguridad. Este sábado fue llevado a la Fiscalía General del Estado para rendir declaración ante los investigadores.
¿Qué hay detrás del escándalo de Ueno Bank?
El caso tiene su origen en la crisis financiera de Ueno Bank, entidad que llegó a contar con cerca de 2,94 millones de clientes en Paraguay y que quedó sometida a un procedimiento de resolución o disolución por problemas de solvencia.
Las investigaciones buscan esclarecer las operaciones financieras de la entidad, los mecanismos de supervisión del Banco Central del Paraguay y la millonaria colocación de recursos públicos en el banco durante el Gobierno de Peña.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los presuntos vínculos económicos del entonces mandatario con Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenecía la entidad financiera. Según las acusaciones presentadas durante el juicio político, Peña habría tenido participación accionaria en el grupo, que vendió en marzo de 2025.
La crisis también encendió las alarmas entre los ahorradores y las instituciones públicas que mantenían recursos en la entidad. El cierre de operaciones dejó a millones de clientes enfrentados a restricciones para acceder a sus depósitos y generó preocupación por los recursos de organismos estatales y fondos de pensiones.
Destitución y cambio de Gobierno
La situación escaló hasta el Congreso paraguayo. Después de que Peña presentara su renuncia, el Senado avanzó con el juicio político y aprobó su destitución el viernes 6 de noviembre, con los 44 votos de los senadores presentes.
La decisión lo convirtió en el segundo presidente paraguayo de la historia reciente en ser apartado del poder mediante este mecanismo, después de Fernando Lugo.
Tras su salida, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay y quedó al frente de un Gobierno que deberá enfrentar las consecuencias políticas, económicas e institucionales de la crisis.
Carlos Carvallo también quedó detenido
Las investigaciones no se limitan al expresidente. Carlos Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay hasta su renuncia el pasado martes, también fue requerido por la Fiscalía y quedó detenido después de presentarse voluntariamente ante las autoridades.
Su papel resulta relevante para esclarecer los mecanismos de supervisión financiera, teniendo en cuenta que anteriormente había dirigido la Financiera Ueno, entidad de la que surgió el banco.
La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en la vigilancia de las operaciones bancarias y en las decisiones que permitieron la exposición de recursos públicos a la entidad.
La crisis de Ueno Bank abre así un nuevo capítulo en la política paraguaya: un expresidente destituido, investigaciones penales en curso, exdirectivos bajo custodia y millones de ahorradores a la espera de respuestas. El desenlace judicial podría marcar un antes y un después en la institucionalidad y la confianza en el sistema financiero de Paraguay.
