La Universidad Pedagógica Nacional se pronunció frente al debate generado por el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre un nuevo protocolo de actuación ante manifestaciones violentas en las universidades públicas. La institución defendió la autonomía universitaria como un principio fundamental del Estado Social de Derecho y advirtió sobre los riesgos de recurrir a estrategias de militarización o represión en los campus.
En un comunicado a la opinión pública, la Universidad recordó que el artículo 69 de la Constitución y la Ley 30 de 1992 reconocen la autonomía universitaria y otorgan a las instituciones de educación superior la facultad de establecer sus directivas, regirse por sus propios estatutos y desarrollar libremente sus funciones de docencia, investigación y extensión.
La institución señaló que esta garantía no se limita a aspectos administrativos, sino que protege espacios fundamentales para la democracia, como la libertad de pensamiento, la investigación, la creación artística y el debate crítico. En ese sentido, sostuvo que los campus universitarios son escenarios en los que confluyen distintas expresiones políticas, sociales, culturales y académicas.
La Universidad Pedagógica Nacional también hizo referencia a los antecedentes de violencia registrados en las universidades públicas. Citando información de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, señaló que entre 1962 y 2011 fueron documentados 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias, entre estudiantes, docentes, egresados y trabajadores.
De acuerdo con el comunicado, estos antecedentes incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y procesos de estigmatización. Por ello, la institución sostuvo que cualquier intervención que limite la autonomía universitaria o implique la actuación de la Fuerza Pública debe atender principios como la proporcionalidad y la protección de los derechos humanos.
Finalmente, la Universidad Pedagógica Nacional reiteró que la defensa de la autonomía debe estar acompañada por políticas que fortalezcan la educación superior, amplíen las oportunidades de acceso y permanencia, impulsen la investigación y mejoren las condiciones laborales de docentes y egresados. La institución insistió en que las ciencias, las artes, las humanidades, la educación, la pedagogía y la cultura son fundamentales para la construcción de una sociedad democrática.
