El Valle del Cauca, a través del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (INFIVALLE), propuso al Gobierno Nacional habilitar créditos de tesorería “exprés” para los departamentos, distritos, municipios y entidades descentralizadas afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La solicitud fue radicada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y plantea establecer, de manera transitoria e inmediata, un mecanismo de liquidez para que los territorios puedan contar con recursos destinados exclusivamente a atender las necesidades derivadas de la emergencia, incluyendo acciones de respuesta, rehabilitación y recuperación.
Según INFIVALLE, la medida resulta necesaria debido a que las entidades territoriales se encuentran en la etapa final de la vigencia fiscal y los mecanismos ordinarios de crédito podrían no responder con la suficiente rapidez a las necesidades generadas por el desastre. “La magnitud de la tragedia y las presiones sobre el funcionamiento institucional y la prestación de servicios públicos exigen una respuesta financiera rápida”, explicó Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de INFIVALLE.
La propuesta toma como referencia el Decreto Legislativo 678 de 2020, expedido durante la emergencia sanitaria por COVID-19, que permitió a las entidades territoriales contratar créditos de tesorería para atender insuficiencias temporales de caja. INFIVALLE plantea que un mecanismo similar pueda aplicarse durante 2026 para los territorios afectados por el terremoto.
Los recursos podrían destinarse a gastos de funcionamiento relacionados con la emergencia, inversiones para atender la crisis, continuidad y pago de servicios públicos, rehabilitación de los territorios y acciones de recuperación. La propuesta establece que el capital, los intereses y demás costos financieros puedan pagarse hasta el 31 de diciembre de 2027.
INFIVALLE también propone mantener controles para evitar que los créditos se conviertan en una fuente permanente de financiación. Entre las condiciones planteadas está un límite equivalente al 15 % de los ingresos corrientes y la prohibición de utilizar estos recursos para financiar adiciones presupuestales. La iniciativa ya fue puesta en conocimiento del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera, y el instituto manifestó su disposición para participar en las mesas técnicas que permitan evaluar su viabilidad.
