Un grupo de 19 integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó al Gobierno de Donald Trump abstenerse de financiar o brindar asistencia logística para reactivar la aspersión aérea de cultivos de coca en Colombia. La petición fue dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, mediante una carta fechada el 29 de octubre de 2026 y encabezada por el representante demócrata Mark Pocan, del estado de Wisconsin. Los legisladores manifestaron su preocupación por los reportes sobre un eventual respaldo de Washington a la reanudación de esta estrategia antidrogas.
Entre los firmantes figuran Greg Casar, Maxwell Frost, Jim McGovern, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, entre otros integrantes del sector progresista del Partido Demócrata. En el documento, los representantes sostuvieron que la fumigación aérea no ha demostrado ser eficaz para reducir de manera sostenida los cultivos ilícitos y cuestionaron que se destinen recursos estadounidenses a una estrategia que, según señalaron, no ha resuelto el problema a largo plazo.
Los congresistas también alertaron sobre los posibles efectos de los herbicidas en la salud de las comunidades rurales, campesinas, afrodescendientes e indígenas. La carta recoge preocupaciones relacionadas con la exposición a sustancias químicas y sus posibles consecuencias sanitarias, así como con los daños que las aspersiones podrían ocasionar en ecosistemas de especial importancia ambiental. Los firmantes advirtieron, además, que la destrucción de cultivos puede impulsar la resiembra en otras zonas y desplazar las actividades ilícitas hacia áreas más remotas de la Amazonía. Estas afirmaciones corresponden a los argumentos expuestos por los legisladores en su comunicación.
La discusión se produce mientras Colombia evalúa un programa piloto de aspersión aérea en Putumayo, con una extensión inicial prevista de 1.000 hectáreas. La propuesta contempla el uso de glufosinato de amonio, un herbicida distinto del glifosato utilizado en anteriores programas de fumigación. En septiembre, un juzgado administrativo de Mocoa suspendió temporalmente el piloto al considerar que no se había demostrado el cumplimiento de las condiciones fijadas por la Corte Constitucional para proteger la salud y el medioambiente. El Gobierno colombiano apeló la decisión, según los reportes sobre el caso.
¿Qué alternativas proponen los congresistas?
En lugar de respaldar la reanudación de las aspersiones, los legisladores pidieron fortalecer las estrategias de desarrollo rural, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y generación de alternativas económicas para las comunidades. Entre las iniciativas mencionadas están la producción agroforestal sostenible, el turismo de naturaleza y las acciones contra los delitos ambientales. También cuestionaron la eliminación de programas que anteriormente recibían financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que buscaban ofrecer opciones económicas legales a los habitantes de zonas afectadas por los cultivos de coca.
Los representantes solicitaron a Rubio aclarar si el Gobierno estadounidense ha presionado a Colombia para retomar la fumigación y si existe algún compromiso de financiación o apoyo logístico para el programa. También pidieron información sobre la posición de Washington frente al uso de glufosinato de amonio en la Amazonía colombiana y los planes para reemplazar los programas de cooperación destinados a impulsar alternativas productivas. La carta fijó el 13 de noviembre como plazo para recibir respuesta. Los congresistas insistieron en que Estados Unidos debe respetar los procedimientos judiciales colombianos y abstenerse de intervenir para acelerar la reanudación de las aspersiones.
