El concejal de Bogotá Andrés Barrios cuestionó las posturas de dirigentes del Pacto Histórico frente a las operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales y pidió que las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre no se conviertan en escenarios para deslegitimar la acción de las autoridades. El cabildante manifestó su respaldo a los uniformados y señaló que combatir el reclutamiento de menores, la extorsión y los ataques contra soldados y policías es una obligación del Estado.
Barrios sostuvo que existe una “indignación selectiva” en algunos sectores políticos, a los que cuestionó por sus críticas a las operaciones contra cabecillas de grupos armados. Según el concejal, esas posturas no tendrían la misma contundencia frente a las víctimas de la violencia ni ante casos de presunta corrupción como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El cabildante también criticó la política de negociaciones y ceses al fuego impulsada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. A su juicio, los resultados de esas estrategias deben evaluarse a partir de la protección efectiva de las comunidades y de la capacidad de las autoridades para reducir el poder de las organizaciones criminales.
Aunque reconoció el derecho constitucional a la protesta pacífica, Barrios advirtió que las manifestaciones no deben utilizarse con fines electorales ni servir de justificación para hechos violentos. En ese sentido, pidió a los convocantes evitar mensajes que puedan incentivar agresiones y respetar a los ciudadanos que necesitan trabajar, estudiar o movilizarse por la capital.
En relación con los costos de los daños durante las manifestaciones, el concejal citó cifras de TransMilenio según las cuales, entre 2021 y 2026, se registraron 331 hechos de vandalismo durante protestas, con un costo de reparación de $16.579 millones. De acuerdo con los datos entregados, estos daños representaron el 97,6 % del gasto reportado para reparar afectaciones vandálicas en estaciones y portales del sistema.
El impacto económico también alcanza al mobiliario urbano. Según información de la Alcaldía de Bogotá, entre enero de 2024 y julio de 2026 se destinaron $9.125 millones a recuperar elementos afectados por vandalismo, entre ellos señales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), paraderos y bancas. Esta cifra corresponde al vandalismo general registrado durante ese periodo y no exclusivamente a daños ocasionados en manifestaciones.
Finalmente, Barrios pidió que las agresiones, la destrucción de bienes públicos y las demás conductas delictivas sean investigadas y sancionadas conforme a la ley. El concejal insistió en la necesidad de una política de seguridad firme dentro del marco constitucional y afirmó que la prioridad debe ser proteger a los menores expuestos al reclutamiento, a las comunidades víctimas de extorsión y a las familias afectadas por la presencia de grupos armados.
