Octubre 3 de 2026. La Comisión Quinta del Senado realizó en Santa Marta una audiencia pública para discutir una iniciativa que plantea fortalecer la protección ambiental, territorial y cultural de uno de los ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano.
La Sierra Nevada de Santa Marta llegó al centro del debate legislativo nacional. En Santa Marta se realizó la audiencia pública de la Comisión Quinta del Senado sobre una iniciativa impulsada por la senadora Patricia Caicedo, que plantea establecer un marco de protección integral para la Sierra, reconocerla como Patrimonio Biocultural de la Nación y fortalecer la protección de los territorios ancestrales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.
El proyecto busca articular en un mismo marco jurídico la conservación ambiental, la protección del agua, la biodiversidad, los espacios sagrados, los conocimientos tradicionales y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Uno de los puntos centrales es fortalecer la protección del Sistema de Espacios Sagrados de la Línea Negra, cuyo alcance territorial y régimen de protección fueron precisados por el Gobierno mediante el Decreto 514 de 2026. Esta norma reconoce la Línea Negra como un ámbito de especial protección integral y establece mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y los cuatro pueblos indígenas.
La discusión también es por el agua del Caribe
Uno de los argumentos centrales de la audiencia es que la Sierra Nevada de Santa Marta no es únicamente un asunto ambiental o indígena. El macizo cumple una función estratégica para el abastecimiento hídrico de Magdalena, Cesar y La Guajira. Parques Nacionales señala que en el área nacen cerca de 18 ríos principales que abastecen a los tres departamentos, mientras estudios del Banco de la República han documentado que los ríos de la Sierra producen más de 10.000 millones de metros cúbicos de agua al año y que una parte de ese recurso abastece a alrededor de 1,5 millones de personas.
Durante la audiencia, Caicedo sostuvo que la protección de la montaña debe entenderse como una política de largo plazo frente a los desafíos ambientales y climáticos. La discusión adquiere especial relevancia después de que en abril de 2026 el Gobierno declarara una reserva temporal de recursos naturales renovables sobre aproximadamente 942.005 hectáreas de la Sierra Nevada, con el propósito de fortalecer la protección del agua, la biodiversidad y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas.
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Los pueblos indígenas reclaman participación en las decisiones
La audiencia reunió a autoridades de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, además de representantes de gobiernos territoriales, comunidades campesinas, academia y otros sectores sociales. La discusión puso sobre la mesa la necesidad de que las decisiones sobre el territorio incorporen las formas tradicionales de gobierno, conocimiento y manejo de la Sierra.
El Decreto 514 de 2026 ya estableció una Mesa de seguimiento y coordinación con participación de entidades nacionales, autoridades territoriales y representantes de los cuatro pueblos indígenas. La iniciativa que ahora se discute en el Congreso busca avanzar hacia un respaldo legal de mayor alcance para la protección integral del territorio, el agua y el patrimonio biocultural.
El debate ocurre, además, en un momento de mayor reconocimiento nacional e internacional de la Sierra Nevada. En julio de 2026, autoridades indígenas y entidades estatales avanzaron en la ruta para fortalecer la candidatura de la Sierra como Patrimonio Mixto de la Humanidad ante la UNESCO. El territorio ya es Reserva de la Biósfera de la UNESCO desde 1979 y los conocimientos ancestrales de los cuatro pueblos fueron inscritos en 2022 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La audiencia pública representa así un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de la Sierra Nevada de Santa Marta. La propuesta deberá continuar su trámite legislativo y recoger las posiciones de comunidades indígenas, campesinas, autoridades, instituciones y demás sectores involucrados. El debate tendrá como ejes la protección del agua, la biodiversidad, el territorio ancestral, la cultura y la gobernanza ambiental de uno de los sistemas naturales más estratégicos del Caribe colombiano.
