Miércoles, 14 de octubre de 2026
18 de septiembre de 2026, 7:47 pm

Presidente pide al Congreso poner límites a los tratamientos de transición de género en menores

De La Espriella pidió al Congreso definir por ley los límites de los tratamientos de transición de género en menores y resolver vacíos jurídicos.

Presidente pide al Congreso poner límites a los tratamientos de transición de género en menores

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Diana Reyes

Diana Reyes

18.09.2026 7:47 pm | Actualizado: 18.09.2026 7:47 pm

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Septiembre 18 de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella pidió al Congreso de la República abrir una discusión legislativa sobre los procedimientos médicos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes, luego de la controversia generada por la captura del creador de contenido mexicano Samuel Adrián.

El mandatario se refirió al caso tras la detención del youtuber, quien fue capturado el 13 de septiembre en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en cumplimiento de una orden de arresto por desacato relacionada con un documental difundido en su canal sobre protocolos médicos aplicados a menores en Colombia.

En medio de la discusión, De La Espriella sostuvo que asuntos relacionados con el desarrollo y los derechos de los menores no deberían quedar definidos únicamente mediante tutelas, protocolos administrativos o decisiones jurisprudenciales. Por ello, planteó que sea el Legislativo el que establezca de manera expresa cuáles deben ser los límites frente a este tipo de procedimientos.

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“La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, afirmó el presidente.

El pronunciamiento vuelve a poner el tema en la agenda política nacional y plantea una discusión que involucra derechos de los menores, autonomía progresiva, decisiones de las familias, criterios médicos y alcance de las instituciones del Estado. La propuesta de De La Espriella apunta a que el Congreso asuma la discusión y determine, mediante una ley, el marco aplicable a estos procedimientos en Colombia.