BOGOTÁ. – La controversia institucional desatada por la orden de suspensión provisional contra el presidente Gustavo Petro se trasladó oficialmente a los estrados judiciales. Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue radicada una denuncia penal por el presunto delito de prevaricato por acción contra la representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, Gloria Elena Arizabaleta Corral.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado y exministro Luis Felipe Henao Cardona, quien argumenta que la congresista incurrió en una abierta extralimitación de funciones. El recurso sostiene que la resolución —plasmada en el Auto de Sustanciación No. 002 con fecha del 10 de junio de 2026— desconoce de manera flagrante las reglas que rigen el fuero presidencial en la Carta Política de 1991, la cual confiere la competencia exclusiva para suspender a un jefe de Estado a la plenaria del Senado de la República y no a una funcionaria instructora de la Cámara.
“La congresista Arizabaleta no tiene competencia para tomar una decisión de esa magnitud. La Constitución establece un procedimiento especial para cualquier medida que afecte el ejercicio del cargo del presidente”. — Extracto de la denuncia radicada ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con reportes de medios como El Espectador y Caracol Radio, la denuncia señala que la legisladora del Pacto Histórico fundamentó erróneamente la medida cautelar utilizando disposiciones de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario). Los juristas cuestionan que se hayan aplicado normas ordinarias diseñadas para servidores públicos comunes, pasando por alto que el procedimiento contra un presidente de la República goza de una protección institucional especial que exige el debate y voto vinculante del Congreso bicameral.
Paralelamente al frente judicial, el caso sumó confusión en las últimas horas debido a declaraciones de la propia representante Arizabaleta a Blu Radio, donde afirmó que el polémico documento se conoció públicamente debido a una filtración involuntaria porque “se le fue” en un correo electrónico. No obstante, legisladores del oficialismo han aclarado que el auto fue radicado pero carece de validez e impulso jurídico real dentro de la comisión, mientras que sectores de la oposición catalogan la movida como una “puesta en escena” de la misma bancada del Gobierno.
Con la radicación de este documento, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá asumir el caso para evaluar si existen los méritos jurídicos necesarios que permitan abrir una investigación formal contra la congresista aforada. Mientras tanto, el espectro de la suspensión presidencial, aunque empantanado en la inviabilidad legal, continúa agitando el tramo final de la campaña electoral colombiana.
