Octubre 31 de 2026. El concejal solicitó la intervención de la Contraloría de Bogotá para esclarecer las alianzas con tres operadores privados, los costos que asumirían los ciudadanos y las presuntas irregularidades denunciadas durante el cambio de medidores.
El cambio de medidores de agua en Bogotá se convirtió en un nuevo frente de controversia política. El concejal Julián Forero, conocido como «Fuchi», anunció que solicitará a la Contraloría de Bogotá investigar el programa de renovación de estos equipos, luego de advertir que más de 308.000 medidores fueron asignados a tres aliados privados, sin que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) haya aclarado el valor económico total de estas operaciones.
Según la información entregada por el Acueducto al cabildante, la distribución quedó en manos del Consorcio BAYLAN, con 250.000 medidores; el Consorcio AYS, con 52.700, y la UT Hidrosanergy EAAB 2025, con 5.570 equipos.
La preocupación radica en que los usuarios tendrían que asumir el costo del cambio, con tarifas que pueden oscilar entre $276.000 y $10.878.000, dependiendo de las características del medidor y su instalación.
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Denuncian presiones y aumentos en las facturas
A la discusión contractual se suman denuncias ciudadanas sobre presuntas presiones para aceptar el reemplazo de los equipos, incluso con advertencias de posibles suspensiones del servicio. También se han reportado supuestos daños a medidores existentes durante las visitas de revisión, situaciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Otro punto de preocupación son los aumentos en las facturas después de la instalación de los nuevos dispositivos. El Acueducto ha señalado que estos pueden registrar consumos que anteriormente no se contabilizaban correctamente, lo que podría representar mayores cobros por agua y alcantarillado.
Forero también cuestionó que no existan subsidios específicos para cubrir el cambio de medidores en los estratos 1, 2 y 3, y recordó que el artículo 144 de la Ley 142 de 1994 contempla la posibilidad de que los usuarios adquieran estos equipos con proveedores de su elección, siempre que cumplan los requisitos técnicos.
¿Quién responde por el negocio de los medidores?
Uno de los interrogantes planteados por el concejal tiene que ver con la información contractual y financiera de las alianzas. Según su denuncia, el proceso relacionado con BAYLAN aparece en SECOP bajo régimen especial y con una cuantía registrada de cero pesos, mientras persisten las dudas sobre la remuneración de los operadores y los recursos que se recaudarían a través de los usuarios.
Por esta razón, el cabildante pedirá a la Contraloría revisar los procesos de selección, establecer cuánto dinero recibirían los aliados privados, comparar los precios de los equipos y determinar por qué el costo de la renovación se trasladaría directamente a los ciudadanos.
“Los bogotanos no son la caja menor del Acueducto ni de sus aliados privados”, manifestó Forero, quien aseguró que llevará las denuncias ante los organismos de control para esclarecer las condiciones de este programa.
La polémica abre un nuevo debate sobre la gestión de los servicios públicos en Bogotá: ¿cómo garantizar la modernización de la infraestructura sin trasladar cargas económicas desproporcionadas a los hogares? La respuesta ahora también está en manos de los organismos de control.
