Septiembre 18 de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la ejecución de las sanciones propias impuestas a siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP por su responsabilidad en los hechos investigados dentro del Caso 01, relacionado con la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.
A partir de esta etapa, los sancionados deberán cumplir una serie de condiciones de control. Entre ellas están la permanencia en una residencia determinada, horarios definidos para sus actividades, restricciones de movilidad y la obligación de solicitar autorización para determinados desplazamientos. También tendrán prohibido salir del país sin autorización de la JEP y deberán portar dispositivos de seguimiento electrónico.
Los siete comparecientes son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda. Las sanciones tienen diferentes duraciones, que van desde cinco hasta ocho años, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal para la Paz.
Más allá de las restricciones, la decisión contempla 79 acciones restaurativas en distintos territorios. Entre estas se encuentran iniciativas relacionadas con la memoria, la reparación simbólica, la protección ambiental, las minas antipersonal y la búsqueda de personas desaparecidas.
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Uno de los primeros ejercicios se desarrollará entre el 21 y el 30 de septiembre en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde cinco de los sancionados participarán en labores vinculadas con la búsqueda de personas desaparecidas. La intervención estará bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
La JEP tendrá ahora a su cargo verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, tanto en materia de restricciones como en las actividades restaurativas contempladas en la sentencia.
