Miércoles, 18 de noviembre de 2026
14 de noviembre de 2026, 10:30 am
Internacional

Escándalo Ueno Bank: Santiago Peña enfrenta nuevos cargos, allanamientos y búsqueda de dinero en el extranjero

La Fiscalía de Paraguay amplió la investigación contra el expresidente destituido y lo señala de presuntamente liderar una estructura para favorecer a Ueno Bank. La causa ya involucra a antiguos directivos del Banco Central, incluye operaciones internacionales para localizar activos y podría llevar a Peña a enfrentar hasta 15 años de prisión.

Escándalo Ueno Bank: Santiago Peña enfrenta nuevos cargos, allanamientos y búsqueda de dinero en el extranjero

Escándalo Ueno Bank

Diana Reyes

Diana Reyes

14.11.2026 10:30 am | Actualizado: 14.11.2026 8:15 am

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Noviembre 14 de 2026. La detención del expresidente paraguayo Santiago Peña fue apenas el comienzo de uno de los mayores escándalos políticos y financieros que enfrenta Paraguay en los últimos años. La investigación por la crisis de Ueno Bank tomó una nueva dimensión: la Fiscalía amplió los cargos contra el exmandatario, allanó sus propiedades, incautó bienes de empresarios relacionados con la entidad financiera y puso bajo investigación a antiguos responsables de la supervisión bancaria del país.

El último movimiento se produjo el viernes 13 de noviembre, cuando el Ministerio Público anunció una nueva acusación contra Peña por presunta asociación criminal. El señalamiento se suma a los cargos que ya enfrentaba por lesión de confianza y administración en provecho propio. De acuerdo con los fiscales, el exmandatario habría encabezado una estructura organizada para favorecer los intereses del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank, y obstaculizar los controles que debían ejercerse sobre la entidad financiera.

La Fiscalía calcula que, de mantenerse las acusaciones, Peña podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, el proceso apenas avanza en su etapa investigativa y las responsabilidades deberán ser determinadas por la justicia. El expresidente niega las acusaciones.

¿Cómo comenzó el escándalo que terminó con la salida de Santiago Peña?

Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un rápido crecimiento en Paraguay, quedó en el centro de una crisis después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) detectara incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia.

El 3 de noviembre, el organismo regulador ordenó iniciar un proceso de resolución de la entidad, una medida que abrió una profunda crisis financiera y de confianza. El banco tenía cerca de tres millones de clientes, recibió importantes recursos públicos durante el Gobierno de Peña y administraba cuentas relacionadas con instituciones estatales y fondos de jubilación.

La situación generó preocupación entre los ahorradores, que tuvieron dificultades para acceder a sus cuentas, mientras aumentaban las protestas y las exigencias de explicaciones a las autoridades. Pero el problema dejó de ser exclusivamente financiero cuando comenzaron a conocerse posibles vínculos entre el banco, el poder político y los organismos encargados de vigilar el sistema financiero.

La Fiscalía empezó a investigar si durante el Gobierno de Peña se habrían favorecido los intereses de Ueno Bank y si funcionarios del Banco Central omitieron actuar frente a advertencias sobre las operaciones de la entidad.

De la destitución a la prisión preventiva: así cayó el expresidente

En medio de la crisis, el Congreso paraguayo impulsó un juicio político contra Santiago Peña por presunto mal desempeño de sus funciones. El exmandatario intentó renunciar, pero el Legislativo rechazó su salida voluntaria y optó por destituirlo mediante un juicio político. Tras su salida del poder, Peña quedó detenido y fue sometido a prisión preventiva en una instalación militar, mientras avanzaba la investigación penal.

Su situación judicial se relacionó inicialmente con dos señalamientos: presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Uno de los elementos que despertó el interés de los investigadores fueron dos préstamos que, según la acusación fiscal, Ueno Bank habría concedido a Peña en mayo de 2024 por aproximadamente 577.192 dólares para financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino.

La Fiscalía cuestionó las condiciones de esos créditos y señaló que las cuotas mensuales habrían alcanzado unos 38.880 dólares, equivalentes a seis veces la remuneración presidencial. Los investigadores buscan establecer las condiciones de esas operaciones, su relación con los intereses del banco y si existieron beneficios indebidos durante la administración del expresidente.

La nueva acusación: ¿qué encontró la Fiscalía contra Peña?

El 13 de noviembre llegó uno de los avances más importantes de la investigación: el Ministerio Público amplió los cargos contra Peña por presunta asociación criminal. La hipótesis fiscal sostiene que habría existido una estructura organizada, con distribución de funciones entre autoridades políticas, responsables del Banco Central y personas relacionadas con el conglomerado empresarial propietario de Ueno.

En un documento judicial citado por Reuters, los investigadores describieron varios elementos que consideran relevantes:

1. Presuntas reuniones clandestinas: los fiscales sostienen que Peña habría sostenido encuentros reservados en la residencia presidencial con el responsable del Grupo Vázquez.

2. Supuestos pagos ilícitos: la investigación menciona presuntas entregas de dinero en efectivo, incluidos sobres con hasta 200.000 dólares, que habrían sido recibidos por el exmandatario.

3. Interferencia en la supervisión bancaria: los investigadores señalan que Peña habría impartido instrucciones para impedir intervenciones sobre Ueno y evitar que se hicieran públicas advertencias relacionadas con la situación financiera del banco.

4. Créditos y operaciones cuestionadas: la Fiscalía investiga préstamos concedidos a empresas vinculadas al conglomerado empresarial y posibles excesos en los límites de concentración crediticia.

5. Captación de nuevos ahorradores: otra de las hipótesis sostiene que, pese a conocer los problemas financieros de la entidad, se habría permitido continuar con campañas para atraer depósitos de nuevos clientes.

Estas son las principales líneas de investigación presentadas por los fiscales. No constituyen una declaración judicial de culpabilidad contra Peña ni contra los demás investigados.

Allanamientos, vehículos de lujo y búsqueda de bienes en el extranjero

Después de la detención, las autoridades intensificaron los procedimientos para recolectar pruebas y establecer el posible destino de los recursos relacionados con el caso. La Fiscalía realizó registros en propiedades del expresidente, incluida su residencia en Asunción y una vivienda de verano en San Bernardino.

También adelantó procedimientos en instalaciones de Ueno Casa de Bolsa y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, entre ellas Vinanzas, Itti y Technoma. Durante los operativos fueron incautados nueve vehículos de lujo, un yate y dos avionetas, además de documentos y otros elementos que forman parte de la investigación.

Uno de los objetivos es determinar si los bienes están relacionados con operaciones financieras irregulares y si existen elementos para solicitar su aseguramiento con fines de eventual decomiso.

La investigación también llegó al ámbito internacional.bLa Fiscalía paraguaya estableció contactos con autoridades de Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo para identificar posibles activos de las personas y empresas investigadas.

El fiscal Francisco Cabrera confirmó el 13 de noviembre que se habían localizado activos en el extranjero y que estaban en marcha las gestiones necesarias para solicitar su congelamiento. No se han hecho públicos los países específicos donde fueron encontrados esos activos ni los montos correspondientes.

El escándalo alcanza al Banco Central: más exfuncionarios detenidos

La investigación dejó de concentrarse exclusivamente en el expresidente y se extendió a los responsables de la supervisión financiera del país. El 13 de noviembre fueron detenidos antiguos integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay: Liana Caballero y Miguel Mora. Marco Aurelio González también quedó vinculado a los procedimientos y se entregó a las autoridades.

El superintendente de Bancos, Holger Insfrán, había sido detenido el día anterior. La Fiscalía investiga si estos funcionarios conocían informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios de empresas relacionadas con Ueno Bank y otras operaciones financieras cuestionadas.

La hipótesis es que habrían omitido adoptar las medidas correctivas correspondientes. También está bajo investigación Carlos Carvallo, antiguo presidente del Banco Central, quien anteriormente había dirigido Financiera Ueno, entidad de la que surgió Ueno Bank.

Carvallo enfrenta acusaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y presunta producción de documentos públicos de contenido falso. El nuevo escenario plantea una pregunta fundamental para Paraguay: ¿fallaron los mecanismos de vigilancia bancaria o existió una presunta intervención de funcionarios para favorecer los intereses de una entidad privada?

¿Qué pasó con los ahorradores y el dinero de Ueno Bank?

Mientras avanza la investigación penal, la crisis también tiene consecuencias económicas y sociales. La intervención de Ueno Bank afectó a cerca de tres millones de clientes, muchos de ellos preocupados por el acceso a sus depósitos y la seguridad de sus recursos.

El Banco Central informó que había devuelto los ahorros a más de 1,8 millones de personas que tenían depósitos en la entidad. La preocupación también se extiende a los recursos públicos que fueron administrados por el banco, incluidos fondos vinculados con cajas jubilatorias y entidades estatales.

La Fiscalía busca establecer si existieron operaciones irregulares, préstamos a empresas relacionadas y movimientos de dinero que puedan configurar delitos financieros. Por eso, la recuperación de activos y la identificación de posibles beneficiarios se convirtieron en dos de los objetivos centrales del proceso.

¿Qué sigue en el caso Santiago Peña y Ueno Bank?

La investigación entra ahora en una etapa decisiva. El Ministerio Público debe profundizar en las pruebas recolectadas, establecer la participación individual de los investigados y avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.

Entre los próximos pasos se encuentran:

  • Análisis de dispositivos electrónicos: la Fiscalía busca obtener autorización para realizar pericias al teléfono celular de Peña y revisar la información de otros dispositivos incautados.
  • Declaraciones de los investigados: los antiguos funcionarios del Banco Central y los demás señalados deberán comparecer ante las autoridades judiciales.
  • Ampliación de las investigaciones: los fiscales no descartan incorporar nuevos hechos punibles si encuentran elementos suficientes para sustentar otras acusaciones.
  • Cooperación internacional: continuarán las gestiones con Estados Unidos, Argentina y Luxemburgo para identificar y solicitar el congelamiento de activos.
  • Aseguramiento de bienes: la justicia deberá evaluar las solicitudes relacionadas con propiedades y activos que puedan estar vinculados con las operaciones investigadas.
  • Decisiones judiciales: los jueces tendrán que resolver las medidas cautelares y las actuaciones procesales que correspondan, mientras la Fiscalía prepara el avance de la causa.

Un punto importante es que la nueva acusación por asociación criminal amplía el alcance de la investigación, pero no significa que Peña ya haya sido condenado por ese delito.

Paraguay ante una crisis de confianza institucional

El caso Ueno Bank se convirtió en mucho más que una investigación sobre la caída de una entidad financiera. Puso bajo cuestionamiento las relaciones entre el poder político, los grandes grupos empresariales y las autoridades responsables de vigilar el sistema bancario.

La destitución de Santiago Peña, la detención de antiguos funcionarios, la búsqueda de activos en otros países y las nuevas acusaciones fiscales muestran la dimensión institucional que ha adquirido el escándalo. Ahora, la justicia paraguaya tendrá que determinar si existió una estructura organizada para favorecer intereses privados, quiénes participaron, qué recursos estuvieron comprometidos y cuáles fueron las responsabilidades individuales.

Mientras tanto, el caso continúa creciendo y podría convertirse en uno de los procesos judiciales y políticos más relevantes de la historia reciente de Paraguay.