Octubre 17 de 2026. La Corte Suprema de Justicia llevará a juicio a seis congresistas investigados por el presunto intercambio de votos por contratos de obra pública en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los implicados son Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La decisión quedó consignada en una providencia de 667 páginas, en la que la Corte Suprema identificó elementos para que los seis congresistas enfrenten juicio por el presunto delito de cohecho impropio. La investigación busca establecer si los legisladores habrían comprometido su apoyo a operaciones de crédito solicitadas por el Gobierno a cambio de beneficios relacionados con contratos de obra pública.
Tres contratos millonarios bajo investigación
El expediente identifica tres contratos que presuntamente habrían formado parte de las negociaciones. El primero, por más de $46.000 millones, corresponde a obras en Cotorra, Córdoba, y estaría relacionado con Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado. El segundo, cercano a $35.000 millones, se vincula con obras en Saravena, Arauca, y con Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. El tercero, superior a $12.000 millones, corresponde a obras en El Carmen de Bolívar y estaría relacionado con Juan Pablo Gallo.
Testimonios y documentos, entre las pruebas del caso
Según la información conocida, entre los elementos probatorios figuran testimonios de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, además de mensajes y documentos. La investigación también menciona una libreta atribuida a Karen Manrique, en la que presuntamente se registraron reclamos por retrasos en la ejecución de los contratos. Los hechos investigados se remontan a diciembre de 2023 y también involucran reuniones en las que habrían participado funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Con esta decisión, el proceso avanzará a la etapa de juicio, en la que la Corte Suprema examinará las pruebas y los argumentos de las partes. La apertura del juicio no equivale a una condena: la responsabilidad penal de los seis congresistas deberá establecerse dentro del proceso judicial.
