Los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 rechazaron las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien relacionó al exrepresentante Luis Alberto Albán, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, con la planeación del atentado que acabó con la vida del dirigente político. En una carta pública, los exintegrantes de las Farc calificaron los señalamientos como “infundadas declaraciones” y denunciaron una presunta campaña de desinformación y estigmatización contra Rodrigo Londoño, líder de la agrupación política.
En el documento, los firmantes aseguraron que las acusaciones hacen parte de una “campaña de ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones”. Asimismo, manifestaron su disposición a atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones por el asesinato de Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025. La carta fue suscrita, entre otros, por Luis Alberto Albán, Pablo Catatumbo Torres, Julián Gallo Cubillos, Sandra Ramírez Lobo, Imelda Daza Cotes y Pedro Baracutado.
La controversia se produjo después de que Tarazona afirmara, en entrevistas con Noticias Caracol y Blu Radio, que la orden para asesinar a su esposo habría salido del Congreso y que los recursos para financiar el crimen procederían de Venezuela. La viuda también reveló el contenido de un mensaje atribuido a una fuente cuya identidad reservó, en el que se señalaba que alias ‘Marcos Calarcá’ estaría organizando a un grupo de hombres para cometer el atentado. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias conocidas públicamente y deberán ser contrastadas por las autoridades dentro de la investigación.
Ante las declaraciones, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, solicitó a la Fiscalía adelantar las actuaciones necesarias para verificar la información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con respeto por el debido proceso y la reserva legal. Hasta el momento, los señalamientos divulgados públicamente no equivalen por sí mismos a una conclusión judicial sobre la autoría intelectual del magnicidio.
En su pronunciamiento, los firmantes del Acuerdo de Paz también alertaron sobre lo que describieron como una ofensiva política en el Congreso para revertir aspectos esenciales del pacto firmado entre el Estado colombiano y las Farc en 2016. En ese contexto, cuestionaron las decisiones presupuestales del Gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027, que, según el planteamiento expuesto en la carta, podrían reducir de manera considerable los recursos destinados a instituciones creadas como parte de la implementación del acuerdo.
Miguel Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego en el parque El Golfito, en el sector de Modelia, en Bogotá. Tras permanecer 65 días hospitalizado en la Fundación Santa Fe, falleció el 11 de agosto de 2025. La investigación ha dejado varias capturas y continúa abierta para establecer quiénes ordenaron y financiaron el crimen. Entre los procesados se encuentra Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, condenado a 22 años de prisión después de aceptar su participación como intermediario entre estructuras criminales vinculadas a la coordinación logística del atentado.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las declaraciones de Tarazona y la respuesta de los firmantes del Acuerdo de Paz mantienen el caso en el centro del debate político. La identificación de los responsables intelectuales y la eventual comprobación de las hipótesis sobre el origen de los recursos y las órdenes del crimen corresponden a las autoridades judiciales, que deberán establecer los hechos con base en las pruebas recaudadas.
