La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció una demanda contra el decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La congresista calificó la medida como “regresiva e inconstitucional” y advirtió que los cambios podrían afectar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta.
Uno de los principales argumentos de Pedraza es que las restricciones a este derecho deben establecerse mediante una ley estatutaria aprobada por el Congreso, de acuerdo con su interpretación del artículo 37 de la Constitución Política. Por esa razón, cuestionó que el Ejecutivo haya modificado mediante decreto el protocolo que regula la intervención policial durante las movilizaciones.
La congresista también recordó que el Decreto 003 de 2021 surgió después de una orden de la Corte Suprema de Justicia relacionada con las garantías para la protesta social, tras los cuestionamientos a la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones de 2019. Según Pedraza, el Gobierno actual modificó ese protocolo después de una consulta de siete días y sin convocar a la Mesa Nacional de Garantías.
Otro de los puntos de controversia es el papel del diálogo y la mediación antes de una intervención policial. Pedraza sostiene que el nuevo decreto permite prescindir de estas herramientas incluso cuando no existen hechos violentos, y advierte que las disposiciones relacionadas con los bloqueos podrían facilitar la disolución de manifestaciones pacíficas.
La representante defendió que la protesta puede generar alteraciones en la movilidad sin que ello constituya automáticamente un delito. Para respaldar su argumento, citó la Sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional y cuestionó que el Gobierno utilice cifras de gremios sobre las afectaciones causadas por los bloqueos que, según afirmó, no han sido verificadas.
El Gobierno ha defendido el nuevo protocolo como un instrumento para regular la actuación policial y proteger tanto a quienes se manifiestan pacíficamente como a las personas afectadas por hechos violentos. La discusión se concentra en las condiciones de intervención de las autoridades, el alcance del diálogo previo y las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales.
Pedraza sostuvo que la protesta pacífica también permite defender otros derechos, entre ellos la libre asociación, la educación, la autonomía y la consulta previa. La demanda anunciada abre una controversia jurídica sobre la legalidad del decreto, aunque su presentación no implica que la norma haya sido suspendida o declarada inconstitucional.
