El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, llegó al Búnker de la Fiscalía General de la Nación para entregar el denominado ‘Libro de la Verdad’, un documento que reúne más de 80 casos de presunta corrupción identificados durante la anterior administración. El informe también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría, con el propósito de que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Durante su declaración, el mandatario aseguró que el Gobierno no pretende atribuir responsabilidades penales, función que, según señaló, corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y a los organismos de control. “Mi obligación es la de entregar dicha información porque así se lo prometí en campaña”, afirmó De La Espriella, al explicar que los hallazgos fueron documentados y trasladados para que sean sometidos a las respectivas investigaciones.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del equipo de empalme anticorrupción, presentó algunos de los casos incluidos en el informe. Entre ellos mencionó la presunta desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026, luego de que, según el Gobierno, se hubiera agotado en julio el presupuesto destinado para todo el año. También señaló presuntas irregularidades en la Cancillería, entre ellas 785 contratos por $83.000 millones suscritos antes de la entrada en vigor de la ley de garantías y cambios en los requisitos para representar al país en el exterior.
Restrepo también cuestionó el gasto de $8.500 millones en sedes temporales, con contratos de entre 90 y 120 días, y aseguró que estos hechos serían parte de un patrón más amplio documentado en el informe. De acuerdo con el funcionario, el equipo élite anticorrupción ya trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. “Esta es solamente la punta del iceberg”, sostuvo.
El Gobierno aseguró que los más de 80 casos recopilados reflejan, a su juicio, un manejo ineficiente o presuntamente irregular de recursos públicos durante la anterior administración. Ahora serán la Fiscalía y los organismos de control los encargados de establecer si las denuncias tienen mérito y si existen responsabilidades individuales. La entrega del documento abre así una nueva etapa de investigaciones que podría poner bajo la lupa decisiones y contratos de la administración de Gustavo Petro.
