Se acabaron las mesas de paz con tres grupos armados
El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso punto final a tres procesos de negociación que habían sido heredados de la política de ‘Paz Total’ impulsada durante la administración de Gustavo Petro.
La decisión fue formalizada mediante nueve resoluciones ejecutivas expedidas el pasado 28 de agosto y afecta los espacios de diálogo que permanecían abiertos con estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
El anuncio fue ratificado este lunes por el presidente De La Espriella, quien argumentó que los grupos involucrados no demostraron una “voluntad real y verificable de paz”.
¿Por qué se cerraron las mesas?
La explicación del Gobierno apunta a los resultados de los procesos y al comportamiento de las organizaciones armadas durante las conversaciones.
De acuerdo con el Ejecutivo, no existían condiciones suficientes para mantener abiertos los espacios de negociación debido a la continuidad de actividades violentas y criminales, además de la ausencia de compromisos que pudieran ser comprobados. El mandatario cuestionó que los procesos de diálogo terminaran convirtiéndose, según su lectura, en mecanismos que permitían a los grupos armados mantener beneficios mientras continuaban sus actividades ilegales.
“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad”, afirmó De La Espriella durante su alocución presidencial.
El proceso con ‘Calarcá’ llega a su fin
Uno de los cierres más relevantes corresponde a las estructuras bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. La Resolución 343 de 2026 terminó el proceso de diálogo que había comenzado en octubre de 2023 y que posteriormente continuó con estructuras como los bloques Magdalena Medio y Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes.
El Gobierno argumentó que durante el proceso se presentaron incumplimientos y que no había elementos suficientes para acreditar una intención genuina de abandonar las armas y avanzar hacia la vida civil. El cierre también implicó retirar el reconocimiento oficial de varios integrantes que habían sido acreditados como representantes de la organización en las conversaciones.
También se termina el diálogo con la CNEB
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano perdió igualmente el reconocimiento que le permitía mantener una interlocución formal con el Estado.
La Resolución 346 de 2026 estableció el cierre de la mesa por la denominada pérdida de voluntad de paz y dejó sin efecto el reconocimiento de varios representantes. Entre ellos se encontraba Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, quien había participado como delegado de la estructura.
La medida también afectó al equipo gubernamental encargado de las conversaciones y dejó sin efecto la designación de Armando Novoa García como jefe negociador.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada pierden su espacio de diálogo
El tercer proceso terminado corresponde a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas también como Los Pachenca.
En este caso, el Gobierno concluyó que la organización tampoco había demostrado una voluntad suficiente para avanzar hacia un proceso de sometimiento y abandono de las actividades criminales.
Como consecuencia, fueron retirados los reconocimientos otorgados a varios de sus representantes y se ordenaron medidas administrativas relacionadas con el proceso. Una de las decisiones derivadas del cierre contempla además la reactivación de órdenes de captura contra integrantes de esta estructura, de acuerdo con las resoluciones expedidas por el Ejecutivo.
¿Qué significa el cierre de las mesas de paz?
La decisión representa un cambio profundo en la estrategia del Estado frente a las organizaciones armadas. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la política de ‘Paz Total’ buscó mantener conversaciones simultáneas con diferentes grupos con el objetivo de reducir la violencia y avanzar hacia acuerdos de desarme, sometimiento o reincorporación.
Sin embargo, varios de esos procesos fueron suspendidos o quedaron debilitados por el recrudecimiento de la violencia y las divisiones internas de las organizaciones.
Ahora, la administración de De La Espriella apuesta por una estrategia en la que el diálogo estará condicionado a resultados concretos y compromisos verificables.
El Gobierno cambia el rumbo frente a los grupos armados
El presidente fue contundente al anunciar que las organizaciones que continúen utilizando las armas se enfrentarán a la capacidad militar y judicial del Estado.
“Se acabaron las mesas sin resultados y beneficios, sin que haya contraprestaciones reales”, sostuvo el mandatario.
La decisión coincide además con otras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, entre ellas la autorización de extradiciones de integrantes de estructuras armadas y el fortalecimiento de las operaciones militares contra organizaciones que continúan ejerciendo control territorial.
El mensaje de la Casa de Nariño es, por tanto, diferente al de la administración anterior: no habrá continuidad automática de las negociaciones y la permanencia en una mesa dependerá de resultados que puedan ser comprobados.
¿Qué pasará ahora?
El cierre administrativo de estos tres procesos no significa que desaparezcan las estructuras armadas involucradas. Por el contrario, el Gobierno anticipó un fortalecimiento de las operaciones de seguridad en los territorios donde tienen presencia estos grupos.
La decisión también abre nuevos interrogantes sobre el futuro de los integrantes que habían participado en los procesos de negociación y sobre las garantías que tenían mientras permanecían reconocidos como representantes de las organizaciones. Para las comunidades ubicadas en las zonas donde operan estos grupos, el principal desafío será determinar si el cambio de estrategia se traduce en una reducción efectiva de la violencia o en una nueva etapa de confrontación.
Con el cierre de estas tres mesas de paz, el Gobierno de Abelardo De La Espriella marca oficialmente distancia frente al modelo de negociación heredado de Gustavo Petro y apuesta por una política en la que la seguridad y el uso de la fuerza legítima del Estado tendrán un papel central.
