El gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en una reconfiguración de la política de paz y seguridad que marca distancia con el modelo implementado durante la administración de Gustavo Petro. En poco más de un mes, el Ejecutivo ha desmontado varios de los mecanismos utilizados para mantener abiertos canales de diálogo con organizaciones armadas y ha priorizado una estrategia centrada en la recuperación del control territorial, la ofensiva contra las estructuras criminales y el sometimiento a la justicia.
Uno de los movimientos más recientes fue el cierre de la Zona de Ubicación Temporal establecida en Valle del Guamuez, Putumayo, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La decisión, adoptada el 9 de septiembre, establece que las actuaciones necesarias para culminar el proceso deberán quedar articuladas antes de finalizar el mes. A esto se sumó la revocatoria de los representantes del Gobierno que participaban en las mesas de conversación con el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, mediante las resoluciones 390 y 391 de 2026.
La nueva hoja de ruta también se refleja en el manejo de los integrantes de organizaciones criminales. Desde el inicio de su administración se ordenó el traslado de más de un centenar de presos considerados de alto perfil hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, mientras que el Gobierno ha autorizado decenas de extradiciones de personas requeridas por autoridades extranjeras por delitos relacionados principalmente con el narcotráfico. Paralelamente, las Fuerzas Militares han incrementado las operaciones contra grupos armados en zonas como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Magdalena Medio.
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El Ejecutivo también ha decidido eliminar instrumentos heredados de la política de paz anterior, entre ellos la figura de los gestores de paz y los espacios de diálogo que permanecían activos. El discurso presidencial ha insistido en que las organizaciones armadas deberán optar por el sometimiento a la justicia, mientras que la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en uno de los ejes centrales de la nueva estrategia de seguridad. Esta posición, además, ha sido acompañada por un acercamiento con Estados Unidos en materia de combate contra las economías ilegales.
El giro podría tener una segunda etapa en el Congreso. El Gobierno prepara propuestas legislativas que buscan darle sustento jurídico a su nueva estrategia, entre ellas un estatuto antiterrorista y una nueva ley de sometimiento. A esto se suma la reciente derogación de una resolución que restringía el uso del glifosato, una decisión que, aunque no autoriza por sí misma la aspersión aérea, abre la discusión sobre posibles herramientas adicionales para combatir los cultivos ilícitos. De esta manera, la administración De la Espriella busca convertir en política de Estado el cambio de rumbo que comenzó a ejecutar desde sus primeros días.
