Bogotá, 11 de junio de 2026. En un nuevo episodio de la contienda presidencial colombiana, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció la presentación de una denuncia penal contra el candidato Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI), por presuntos hechos relacionados con estructuras paramilitares que operaron en el país durante las últimas décadas.
Durante una declaración pública realizada en Bogotá, Cepeda aseguró que la denuncia incluye acusaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. Según el candidato, la acción judicial se fundamenta en documentos, testimonios y antecedentes que, en su criterio, ameritan una nueva revisión por parte de las autoridades competentes.
Entre los principales elementos expuestos por Cepeda figura la presunta relación de De la Espriella con la Fundación por la Paz de Córdoba (Fipaz), una organización creada en 2004 durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El senador sostiene que existen declaraciones y documentos que vincularían a dicha organización con intereses políticos de sectores paramilitares.
Asimismo, el candidato señaló que solicitará a la Corte Penal Internacional evaluar el caso bajo el argumento de que los hechos denunciados podrían estar relacionados con conductas asociadas a crímenes de lesa humanidad y que, según su interpretación, no habrían sido investigadas de manera suficiente por las autoridades colombianas.
Hasta el momento de la presentación de la denuncia, las acusaciones expuestas por Cepeda no constituyen una decisión judicial ni una determinación de responsabilidad penal. Corresponderá a las entidades competentes establecer si existen méritos para abrir o reabrir investigaciones y adelantar las actuaciones correspondientes conformes al debido proceso.
La denuncia se produce en medio de una campaña presidencial altamente polarizada, en la que Cepeda y De la Espriella disputan la Presidencia de la República de cara a la segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio. Durante las últimas semanas, ambos candidatos han protagonizado diversos enfrentamientos políticos y jurídicos relacionados con sus campañas y propuestas de gobierno.
Analistas consultados por distintos medios han señalado que este tipo de acciones judiciales podrían influir en el debate público durante la recta final de la campaña, aunque subrayan que cualquier conclusión sobre los señalamientos deberá provenir exclusivamente de las autoridades competentes una vez se surtan los procedimientos legales correspondientes.
