La Contraloría General de la República advirtió que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 presenta una desfinanciación de $30,2 billones, por lo que hizo un llamado al Congreso y al Gobierno Nacional para garantizar que cada apropiación esté respaldada por ingresos ciertos o, en su defecto, ajustar el gasto con el fin de preservar la sostenibilidad fiscal. El ente de control insistió en que el presupuesto debe ser “técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado”, una advertencia que, según recordó, ha venido realizando de manera reiterada durante las últimas tres vigencias presupuestales.
El análisis de la Contraloría señala que uno de los principales factores de preocupación es la composición del gasto para 2027. Mientras el presupuesto total crecería un 3,6 %, pasando de $555,8 billones a $575,7 billones, el mayor incremento se concentra en el servicio de la deuda, que aumentaría 17,5 %, al pasar de $100,4 billones a $118 billones. En contraste, los recursos para funcionamiento e inversión apenas crecerían un 0,5 %, situación que, según el organismo, limita la capacidad del Estado para impulsar programas de desarrollo y atender las necesidades sociales. A ello se suma una caída del 3,4 % en los ingresos corrientes, lo que incrementa la dependencia de otras fuentes de financiación y exige mayor prudencia fiscal.
El informe también identifica cambios importantes en la distribución del presupuesto entre las entidades del Estado. Los mayores recursos se concentran en los ministerios de Educación Nacional ($79,03 billones), Salud y Protección Social ($77,20 billones) y Trabajo ($52,31 billones). Sin embargo, algunas entidades registran fuertes reducciones presupuestales, entre ellas el Fondo Adaptación, cuyo presupuesto caería 89,1 %; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con una disminución del 88,5 %; el Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación, con una reducción del 62,4 %; Fonvivienda, con una caída del 58,8 %, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuyo presupuesto disminuiría 50,6 % frente a la vigencia anterior.
Otro de los puntos críticos expuestos por la Contraloría corresponde al Sistema General de Regalías (SGR). El organismo advirtió que el menor recaudo proveniente de la explotación de hidrocarburos y minerales, sumado al bloqueo de apropiaciones, reducirá la capacidad de inversión en 1.030 municipios, los 32 departamentos y varias entidades nacionales. Según el informe, esta situación comprometería la ejecución de proyectos de infraestructura, obras públicas y servicios para las comunidades, además de generar dificultades de caja para las entidades territoriales y poner en riesgo el pago a contratistas. Incluso, la Contraloría alertó que esta reducción también afectaría la financiación de la planta especializada encargada de vigilar el uso de los recursos de regalías, debilitando la capacidad institucional para ejercer el control fiscal.
Como parte del balance de su gestión, la entidad informó que entre septiembre de 2022 y junio de 2026 abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal relacionados con recursos de regalías por más de $2,014 billones, adelantó 677 indagaciones preliminares, emitió 881 decisiones de fondo, recuperó $85.000 millones en recursos y obtuvo más de $5.000 millones en resarcimientos. Además, auditó 2.028 proyectos, atendió 4.791 solicitudes ciudadanas, identificó 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones y trasladó 2.140 hallazgos a la Procuraduría y 423 a la Fiscalía. Frente a este panorama, la Contraloría concluyó que la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 debe convertirse en un punto de inflexión para la política fiscal del país y reiteró que Colombia necesita un presupuesto “íntegramente financiado, transparente, sostenible y orientado a resultados”, advirtiendo que “un Estado fuerte solo puede construirse sobre un presupuesto con financiación”.
