El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que uno de sus primeros actos de gobierno será firmar el decreto que crea el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca reforzar la lucha contra la criminalidad en las principales ciudades del país.
La medida, que entraría en marcha desde el 7 de agosto, fue presentada tras una reunión con gobernadores y alcaldes de distintas regiones, en el marco de la preparación de su agenda de seguridad.
Según explicó De la Espriella, el nuevo bloque estará enfocado en fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, el homicidio, el microtráfico y el crimen organizado en entornos urbanos. El mandatario electo aseguró que la iniciativa hará parte de una política integral de seguridad que comenzará a implementarse desde el inicio de su administración.
Falta de detalles sobre la estrategia
Frente al anuncio, Laura Bonilla, subdirectora de Indepaz, una organización dedicada al análisis de la violencia, los conflictos y la construcción de paz en Colombia, señaló que hasta el momento persiste una falta de información sobre el alcance y funcionamiento del bloque.
“Mi primera impresión es que hay ausencia de información. No se sabe quiénes, ni cómo, ni en qué marco”, afirmó Bonilla.
La subdirectora de Indepaz también cuestionó el enfoque de la propuesta y advirtió sobre los riesgos de privilegiar una respuesta militarista frente a los problemas de seguridad urbana.
“El presidente ha insistido en una retórica muy militarista que no suele tener buenos resultados, es costosa y por el contrario puede disminuir capacidad policial, que es la que se queda en el tiempo en las ciudades”, sostuvo.
Bonilla agregó que aún es necesario definir aspectos centrales de la estrategia, como sus objetivos, los territorios priorizados y las características de las amenazas que pretende enfrentar.
“En general hay que definir todo: objetivos, propósitos que busca, lugares, características de las amenazas y priorización. Hasta el momento lo único que se sabe es lo que se conoce de los anuncios”, indicó.
Asimismo, recordó que algunas decisiones en materia de seguridad podrían requerir más que un decreto presidencial, por lo que pidió revisar el contenido jurídico de la medida una vez sea conocido.
Necesidad de articulación y dudas sobre competencias
Jorge Mantilla, experto en seguridad y análisis de políticas públicas relacionadas con criminalidad, seguridad ciudadana y Fuerza Pública, consideró que la propuesta responde a una necesidad real de coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales para enfrentar la criminalidad organizada.
“Puede responder, y ojalá responda, a una necesidad urgente que tiene el país, y es la de que el Gobierno Nacional trabaje mancomunadamente y de manera articulada con los territorios, incluyendo también a las gobernaciones, para contener la criminalidad organizada”, señaló.
El experto destacó que una articulación efectiva podría contribuir a reducir delitos de alto impacto como la extorsión y el homicidio. Sin embargo, advirtió que el nombre y la formulación inicial de la iniciativa generan dudas sobre el ámbito de funciones del nuevo bloque.
“Hay una duda importante sobre cuál va a ser realmente el ámbito de funciones y de competencias de este bloque de defensa, en donde pareciera que se mezclan aspectos de seguridad ciudadana, de seguridad pública y de defensa nacional”, explicó.
Mantilla señaló que esta posible superposición de funciones tiene implicaciones concretas para el papel de la Policía Nacional, las policías metropolitanas y las Fuerzas Militares.
“La pregunta sobre si se van a militarizar las ciudades o qué participación van a tener las Fuerzas Militares en el ámbito de la seguridad ciudadana es altamente sensible por la trayectoria de militarización que ha tenido la Policía Nacional en el país”, afirmó.
El analista también indicó que el decreto debería aclarar la relación entre el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y la propuesta de crear una primera línea de reservistas, exoficiales o veteranos de la Fuerza Pública.
“Es muy importante que haya una claridad institucional sobre el rol que va a cumplir este bloque, la manera en que va a operar, los recursos que va a disponer y si se crearán nuevas unidades de investigación, inteligencia o articulación territorial”, agregó.
Respaldo local y debate sobre su implementación
El anuncio ha recibido respaldo de varios mandatarios locales. Alcaldes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga manifestaron su disposición para articularse con la estrategia, mientras otras administraciones solicitaron ser incluidas en el plan.
Paralelamente, la propuesta ha generado un debate entre distintos sectores políticos y analistas, quienes piden conocer el alcance jurídico, operativo y presupuestal del decreto antes de su implementación.
La creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana se suma a otras propuestas del presidente electo en materia de seguridad, entre ellas el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública y nuevas estrategias contra las estructuras criminales.
Expertos coinciden en que el éxito de la iniciativa dependerá de la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y el respeto por el marco constitucional y los derechos fundamentales.
