La crisis carcelaria en Colombia continúa dejando en evidencia graves vulneraciones a los derechos humanos. En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Defensoría del Pueblo reveló que entre 2017 y 2026 recibió 1.146 quejas de personas privadas de la libertad por presuntos actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, un promedio de diez denuncias cada mes. Para la entidad, estas cifras reflejan que la problemática no es un hecho aislado, sino una consecuencia de las fallas estructurales que persisten en el sistema penitenciario y carcelario del país.
El organismo de control advirtió que Colombia mantiene una clasificación de riesgo alto en el Índice Global de la Tortura 2025, debido, entre otros factores, al hacinamiento, las deficientes condiciones de custodia y las barreras para acceder a atención médica oportuna. Actualmente, las cárceles nacionales registran una sobrepoblación cercana al 29 %, mientras que en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) el hacinamiento promedio alcanza el 127 %, con casos que superan el 500 %. La Defensoría también encontró que el 82,5 % de las personas detenidas en estos centros permanece más de 36 horas y que un 15 % lleva más de un año recluido en espacios concebidos para una permanencia temporal.
A la sobreocupación se suma un panorama preocupante en materia de salud. Según el informe, el 80 % de las muertes registradas bajo custodia del Estado obedece a causas médicas y no a hechos de violencia. La entidad denunció retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, tratamientos especializados y consultas básicas, además de advertir que solo una cuarta parte de las personas diagnosticadas con VIH recibe oportunamente la terapia antirretroviral. También alertó sobre prácticas disciplinarias que podrían constituir tratos degradantes, como el aislamiento prolongado, el uso excesivo de agentes químicos en espacios cerrados y las requisas intrusivas.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a implementar de manera urgente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, creado tras la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, fortalecer la atención en salud dentro de los establecimientos de reclusión y reducir el uso de la prisión preventiva para descongestionar los centros de detención transitoria. La entidad recordó que la Constitución prohíbe cualquier forma de tortura o trato cruel y reiteró que garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad es una obligación ineludible del Estado colombiano.
