La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2026 ante el riesgo que enfrentan comunidades indígenas de los territorios de Pani, Bajo Río Caquetá Amazonas, Yaigojé Apaporis y Mirití Paraná, así como poblaciones asentadas en las cuencas de los ríos Apaporis y Pirá Paraná, en los departamentos de Amazonas y Vaupés.
Según la entidad, la situación se origina principalmente por la incursión del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, perteneciente al autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias ‘Calarcá Córdoba’, que avanza por el río Caquetá con el propósito de disputar el control de las redes del narcotráfico y la explotación ilegal de oro de aluvión.
Ante este avance, los frentes Carolina Ramírez y Jhonier Arenas, pertenecientes al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias ‘Iván Mordisco’, habrían reaccionado para defender sus rentas ilegales. La Defensoría advierte que esta confrontación está dejando a las comunidades indígenas en medio de las hostilidades y amenaza sus derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad.
Restricciones a la movilidad y homicidios
Entre las afectaciones documentadas se encuentran toques de queda y restricciones a la movilidad fluvial. En La Pedrera, por ejemplo, el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño habría impuesto un toque de queda nocturno desde las 10:00 p. m. y establecido retenes a lo largo de la cuenca del río Caquetá.
La Defensoría también reportó homicidios cometidos con extrema sevicia y tortura en la comunidad de Remanso, en el territorio indígena Pani. De acuerdo con la alerta, las canchas de fútbol comunitarias habrían sido utilizadas para abandonar restos mortales, en hechos que buscarían generar temor entre la población y ejercer control sobre las comunidades.
Reclutamiento de menores, otra de las principales amenazas
Uno de los puntos que más preocupa a la entidad es el reclutamiento forzado y la utilización ilícita de niñas, niños y adolescentes, una práctica que, según la Defensoría, estaría adquiriendo un carácter sistemático en estos territorios.
La entidad señaló que en febrero de 2026 se registró la vinculación de siete personas en Curare, entre ellas dos menores de 14 y 13 años. Posteriormente, se habrían presentado nuevos casos de reclutamiento en Remanso y Mariápolis durante mayo y junio.
También se reportaron presiones psicológicas e intimidaciones armadas contra jóvenes estudiantes del internado indígena Piedra Ñí, ubicado en el río Pirá Paraná, en Vaupés, con el propósito de forzar su vinculación a grupos armados.
Paros armados agravan la crisis humanitaria
La situación de seguridad también estaría afectando la seguridad alimentaria y el acceso a servicios esenciales. Los paros armados fluviales y las restricciones a la navegación han dificultado que las comunidades lleguen a sus zonas tradicionales de cultivo, caza y pesca.
Esta situación ha generado desabastecimiento de combustible y alimentos básicos. Además, la Defensoría denunció la destrucción selectiva de antenas de comunicaciones de internet comunitario, lo que habría profundizado el aislamiento de las poblaciones y dificultado el traslado de pacientes que requieren atención médica urgente.
Defensoría pide respuesta inmediata del Estado
Frente a este escenario, que afecta de manera diferencial a pueblos indígenas como los Makuna, Barasano, Yukuna, Tanimuka y Bora, entre otros, la Defensoría formuló 22 recomendaciones urgentes dirigidas a diferentes entidades del Estado.
La entidad pidió activar de manera inmediata los mecanismos de respuesta rápida de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), bajo el liderazgo del Ministerio del Interior.
También solicitó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares adoptar medidas de disuasión y seguridad con enfoque étnico y respeto por el autogobierno de las comunidades indígenas. A su vez, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Fiscalía y los gobiernos de Amazonas y Vaupés deberán coordinar misiones humanitarias, investigar los hechos violentos y establecer rutas seguras para proteger a estas poblaciones.
La Defensoría recordó que sus Alertas Tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo. Su objetivo es advertir sobre escenarios de riesgo y promover una respuesta institucional oportuna para proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades amenazadas.
