En medio del debate de control político sobre la atención a las víctimas del conflicto armado en Bogotá, el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta Novoa, advirtió que la capital podría enfrentar una nueva ola de desplazamiento forzado si el país regresa a una estrategia de seguridad basada en la confrontación armada. Según el cabildante, este escenario incrementaría de manera significativa la llegada de víctimas a la ciudad.
Cuesta recordó que actualmente Bogotá alberga a más de 400.000 víctimas del conflicto armado, pero aseguró que la cifra podría aumentar de forma considerable durante el próximo año. “No es una visión catastrofista; es una advertencia sustentada en lo que hoy ocurre en los territorios. Si continúan las amenazas contra líderes sociales, campesinos y beneficiarios de la reforma agraria, Bogotá podría pasar de tener 400.000 víctimas a cerca de un millón en un año”, afirmó.
Durante su intervención, el concejal rechazó las amenazas de muerte contra dirigentes políticos, líderes sociales, reclamantes de tierras y familias beneficiarias de la reforma agraria. De acuerdo con Cuesta, estas comunidades estarían siendo presionadas por grupos armados ilegales para abandonar los predios que les fueron adjudicados por el Estado, situación que, aseguró, incrementa el riesgo de nuevos desplazamientos.
El cabildante también expresó su preocupación por los anuncios relacionados con la nueva política de seguridad nacional, entre ellos la creación de las denominadas “primeras líneas de seguridad”, la participación de reservistas y veteranos de la Fuerza Pública en labores de seguridad urbana y eventuales cambios al modelo implementado con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que sustituyó al ESMAD. A su juicio, las políticas de seguridad deben priorizar la protección de la vida y los derechos humanos, así como garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Finalmente, José Cuesta hizo un llamado al Distrito para prepararse ante un eventual incremento en la demanda de atención a las víctimas del conflicto armado. El concejal sostuvo que una estrategia centrada en la militarización y la confrontación podría traducirse en un aumento del desplazamiento forzado, las desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos, por lo que insistió en fortalecer un enfoque de seguridad humana orientado a la protección de la población civil.
