El Ministerio de Transporte decidió aplazar la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), mecanismo creado para verificar de manera independiente las habilidades de las personas que buscan obtener o recategorizar una licencia de conducción en Colombia.
La decisión quedó establecida mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, con la que la cartera anunció una revisión integral del esquema antes de ponerlo en funcionamiento. Aunque la medida aplaza su implementación, el Ministerio aclaró que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente y será cumplida.
Uno de los principales motivos de la decisión está relacionado con el impacto económico que los CALE podrían generar para los ciudadanos. Actualmente, obtener una licencia de conducción puede representar un costo cercano a $1,4 millones, mientras que con el nuevo esquema el valor podría llegar hasta $2,2 millones, lo que significaría un incremento de hasta $800.000.
MinTransporte revisará costos y contrato con la UNAD
El Ministerio de Transporte explicó que las escuelas de conducción tienen como función formar a los aspirantes, mientras que los CALE fueron concebidos como entidades independientes encargadas de comprobar que quienes solicitan una licencia realmente cuentan con las capacidades necesarias para conducir.
Ante el impacto que tendría este nuevo proceso, la cartera anunció que revisará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato que dio origen al esquema y la pertinencia de los costos que tendrían que asumir los ciudadanos.
El modelo fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD y, según la información entregada por el Ministerio, su operación podría involucrar recursos cercanos a $20 billones durante los próximos 20 años.
La decisión también genera cuestionamientos sobre la participación de otras instituciones de educación superior. De acuerdo con el Ministerio, la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron que cumplían con los requisitos y solicitaron participar en el proceso. Esta situación derivó en acciones de tutela, denuncias y solicitudes de revocatoria.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, defendió la decisión de aplazar la implementación y aseguró que el objetivo es mejorar la seguridad vial sin imponer cargas económicas injustificadas a los conductores.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra.
El Ministerio señaló que, una vez concluya la revisión, y respetando el debido proceso y la seguridad jurídica, informará las decisiones que correspondan frente a la operación de los CALE.
