La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los recientes señalamientos que relacionan a la senadora Jennifer Pedraza con el ELN, al considerar que estas acusaciones, además de no contar con sustento según la entidad, pueden generar riesgos para la vida e integridad de la congresista y de su equipo de trabajo.
A través de un comunicado, la Defensoría advirtió que asociar sin fundamento a una persona con un grupo armado ilegal puede trascender los límites de la libertad de expresión y convertirse en una forma de estigmatización o persecución, particularmente cuando se trata de personas que ejercen posiciones políticas críticas.
La entidad destacó la necesidad de preservar las garantías para el ejercicio del control político y recordó que el pluralismo democrático requiere que quienes expresan posiciones diferentes puedan hacerlo de manera libre y segura, sin enfrentar estigmatizaciones que puedan aumentar los riesgos contra su integridad.
Defensoría pide investigar y garantizar la seguridad de la congresista
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad los hechos denunciados por Jennifer Pedraza, esclarecer las circunstancias en las que se produjeron y difundieron los señalamientos que la relacionan con el ELN y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
La entidad también instó a las autoridades responsables de la protección de la congresista a adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta los posibles riesgos derivados de este tipo de acusaciones.
Asimismo, la Defensoría hizo un llamado a quienes participan en el debate público y a quienes generan o difunden contenidos en redes sociales para que ejerzan la crítica y expresen sus diferencias sin recurrir a acusaciones sin sustento que puedan resultar estigmatizantes y poner en riesgo a personas que sostienen posiciones políticas distintas.
Finalmente, invitó a todos los partidos políticos a rechazar las acusaciones contra la senadora y a reafirmar su compromiso con la defensa del pluralismo democrático y el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
La Defensoría del Pueblo reiteró así la importancia de garantizar que el debate político y el ejercicio del control político se desarrollen en condiciones de seguridad, respeto por los derechos humanos y sin señalamientos que puedan poner en riesgo a quienes participan en la vida pública del país.
