En el marco del estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara los requerimientos presupuestales de la entidad y pidió mayores recursos para fortalecer su capacidad institucional y la atención de las comunidades.
Durante su intervención, Marín recordó que la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos de Colombia y que cuenta con autonomía administrativa y presupuestal. Según explicó, los recursos solicitados permitirían recuperar la capacidad institucional que tenía la entidad en 2024 y reforzar programas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos.
Entre las prioridades planteadas están el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la ampliación del despliegue territorial mediante las Casas de los Derechos y la atención a víctimas del conflicto armado. También se contempla desarrollar acciones de atención psicosocial colectiva para jóvenes en riesgo de reclutamiento o suicidio en siete municipios, además de fortalecer la capacitación y divulgación de derechos humanos.
Uno de los principales llamados estuvo relacionado con la Defensoría Pública. La Defensora advirtió que entre 2018 y 2026 los honorarios de los defensores públicos aumentaron 19,76 %, mientras que, según la entidad, el incremento debería haber sido de 52 % de acuerdo con el IPC. Para actualizar los honorarios de los 4.133 defensores públicos, se requieren $57.521 millones adicionales frente a lo contemplado actualmente en el presupuesto.
Marín también solicitó respaldo para tres programas estratégicos. El primero corresponde a las Unidades Especializadas de Género, con las que se busca extender a las 42 regionales un modelo que actualmente funciona en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. El segundo es el programa “Defensores y defensoras del buen futuro”, dirigido a jóvenes profesionales menores de 28 años que puedan iniciar su carrera en la defensa pública sin exigir experiencia previa.
El tercer programa está relacionado con la infraestructura institucional. La Defensoría plantea atender daños estructurales en sedes como las de Quibdó y Risaralda tras el terremoto, construir la sede regional de Tumaco, adecuar las redes de las sedes del nivel central y avanzar en la reubicación de la sede de Putumayo, ubicada en una zona de riesgo.
Durante su intervención, la Defensora también defendió la gestión presupuestal de la entidad y aseguró que los recursos asignados son ejecutados de manera oportuna y transparente. “Le podemos dar la tranquilidad que la Defensoría del Pueblo tenemos una buena gestión presupuestal y los recursos que nos son asignados serán y son ejecutados oportunamente y de forma transparente”, afirmó Marín.
