El dirigente político Iván Cepeda anunció que enviará información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos en Colombia. Entre los asuntos que pretende poner en conocimiento del organismo internacional mencionó denuncias de violencia policial, posibles afectaciones a la autonomía universitaria, el Decreto 1525 de 2026 y el proyecto de Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
A través de un pronunciamiento público, Cepeda señaló que incluirá casos de presunta violencia policial contra jóvenes registrados durante los últimos dos meses en Bogotá y Santa Marta. El dirigente no detalló en su declaración los nombres de las personas involucradas ni las circunstancias particulares de cada caso, pero anunció que estos hechos harán parte de la información que remitirá a la instancia interamericana.
Otro de los puntos que expondrá será la situación de las universidades del país. Según Cepeda, existen amenazas contra la autonomía universitaria y actuaciones represivas en centros de educación superior. Sus declaraciones se suman a las críticas que ha formulado frente a la actuación de las autoridades y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de seguridad y orden público.
El dirigente también anunció que enviará una reseña detallada del Decreto 1525 de 2026, que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. Cepeda considera que la norma limita el derecho fundamental a la protesta social y puede utilizarse para perseguir a quienes participan en movilizaciones. Estos señalamientos hacen parte de su posición frente al nuevo protocolo, cuya aplicación ha generado controversia política.
La comunicación también incluirá referencias al proyecto de Estatuto Antiterrorista que impulsa el Gobierno. Cepeda advirtió que, a su juicio, la iniciativa podría vulnerar principios constitucionales y afectar el Estado de derecho y la democracia. Sin embargo, el alcance de estas posibles afectaciones deberá evaluarse a partir del contenido definitivo del proyecto y de los procedimientos institucionales correspondientes.
El dirigente aseguró que no se tratará de una comunicación aislada y anunció que enviará informes periódicos a la CIDH para mantener al organismo informado sobre la situación colombiana. En su pronunciamiento, describió el panorama como una progresiva instauración de un régimen autoritario y antidemocrático, una valoración política que fundamenta en los hechos y las medidas que pretende documentar.
El anuncio abre un nuevo frente de discusión sobre las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales en Colombia y el papel de los organismos internacionales de protección. El envío de información a la CIDH, no obstante, no equivale por sí mismo a una decisión del organismo sobre los hechos denunciados ni supone que haya emitido un pronunciamiento contra el Gobierno colombiano.
