La Defensoría del Pueblo alertó que entre 2024 y el 31 de julio de 2026 ha conocido 1.173 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en Colombia. La entidad advirtió que esta cifra podría ser mayor debido al subregistro de casos que no llegan a ser denunciados o conocidos por las autoridades.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que una disminución en los casos reportados no necesariamente significa que haya menos reclutamiento. Según señaló, factores como el temor, la naturalización de esta práctica y el desconocimiento sobre las rutas de atención pueden impedir que las familias denuncien estos hechos.
El pronunciamiento se produjo tras la operación militar del pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”, en la que murieron tres menores de edad. La Defensoría recordó que el reclutamiento de menores está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y enfatizó que quienes son vinculados a grupos armados mantienen su condición de víctimas, incluso si participaron en hostilidades.
Marín Ortiz hizo un llamado al Estado a extremar las medidas de protección durante las operaciones militares y advirtió que no se puede permitir que menores víctimas del reclutamiento terminen muriendo en operativos o combates. “El Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas”, sostuvo.
Ante esta situación, la Defensoría pidió reactivar la Comisión Interinstitucional de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) y fortalecer las estrategias de prevención. La entidad aseguró que está dispuesta a trabajar con el Gobierno, las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para evitar que más menores sean reclutados por grupos armados.
