La discusión tomó forma con la radicación de un proyecto de ley que busca eliminar los impuestos aplicados a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a determinados productos comestibles ultraprocesados. La iniciativa fue presentada por los congresistas Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional.
El proyecto plantea desmontar una medida introducida durante la reforma tributaria de 2022. De acuerdo con la información registrada por Congreso Visible, otra iniciativa relacionada fue radicada por David Barguil y Nicolás Barguil, con el argumento de que el impuesto tiene efectos sobre el precio de los alimentos y resulta regresivo para los hogares de menores ingresos.
¿Qué grava actualmente el impuesto?
Los llamados impuestos saludables comprenden dos tributos: uno aplicado a bebidas ultraprocesadas azucaradas y otro a determinados productos comestibles ultraprocesados con altos niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. La DIAN señala que fueron establecidos mediante la Ley 2277 de 2022.
El impuesto a los alimentos ultraprocesados alcanza actualmente una tarifa del 20 %, mientras que el gravamen a las bebidas depende de su contenido de azúcar. La DIAN explica que estos tributos recaen sobre productores e importadores y se causan en operaciones como la producción, venta o importación de los productos sujetos al impuesto.
Los promotores hablan de precios y poder adquisitivo
Quienes impulsan la eliminación sostienen que el gravamen termina trasladándose al precio final de los productos y afecta con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos. Fenalco se ha sumado a esta posición y ha señalado dificultades para las tiendas de barrio, mientras sus representantes argumentan que el impuesto no ha producido los resultados esperados en materia de salud.
La iniciativa también recupera un argumento que ya había planteado José Manuel Restrepo, vicepresidente de Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña defendió eliminar el impuesto por considerar que el Estado no debería utilizar un tributo para determinar las decisiones de consumo de los ciudadanos.
Del otro lado, la discusión es de salud pública
Los defensores del impuesto sostienen que su objetivo no es simplemente aumentar la recaudación, sino desincentivar el consumo de productos asociados con problemas como obesidad y enfermedades no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud y Unicef han respaldado este tipo de medidas como parte de las políticas de prevención.
El debate, por tanto, enfrenta dos argumentos distintos: por un lado, quienes consideran que el impuesto aumenta el costo de productos de consumo cotidiano; por otro, quienes sostienen que precisamente ese incremento puede contribuir a modificar los hábitos de consumo y generar recursos para el Estado.
La discusión ahora pasa al Congreso
La eliminación del impuesto no puede producirse únicamente mediante una decisión del Gobierno. Al tratarse de un tributo establecido por ley, el Congreso deberá discutir y votar cualquier modificación o derogación. El debate apenas comienza y tendrá que determinar no solo si se elimina el gravamen, sino también qué impacto tendría la medida sobre los precios, la recaudación y las políticas de salud pública.
El impuesto saludable recaudó $2,88 billones durante 2024 y alrededor de $1,9 billones en lo corrido de 2026, según cifras citadas por Infobae. El eventual desmonte implicaría, por tanto, una discusión fiscal además del debate sobre alimentación y salud.
