El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella expidió la Directiva Presidencial 02, mediante la cual ordena avanzar en la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad y establece medidas para garantizar la continuidad de los programas dirigidos a poblaciones consideradas sujetos de especial protección constitucional.
De acuerdo con la directiva, el proceso busca atender la situación generada luego de la decisión de la Corte Constitucional relacionada con la ley que dio origen al Ministerio y, según el Gobierno, ante la falta de una ruta definida por la administración anterior para adelantar la liquidación.
La instrucción establece que los Ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública y Prosperidad Social, deberán coordinar un plan de acción para definir la reubicación de programas, proyectos, funciones y recursos. El objetivo señalado es evitar que las poblaciones beneficiarias queden sin atención durante el proceso de transición.
La Directiva Presidencial 02 también contempla el acompañamiento de los organismos de control y compromete a las entidades de la Rama Ejecutiva en la implementación de las medidas. Según el Gobierno, la coordinación institucional será necesaria para garantizar que los recursos y programas destinados a estas poblaciones tengan continuidad.
Entre los grupos mencionados se encuentran personas con discapacidad, mujeres, comunidades étnicas y otros sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la eventual liquidación de una entidad no implica la eliminación de los derechos reconocidos a estas poblaciones ni de las obligaciones estatales relacionadas con su protección.
“Un ministerio se puede acabar, una bandera ideológica se puede guardar, pero los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, de las comunidades étnicas y de los sujetos de especial protección constitucional no se liquidan con un decreto mal hecho”, señaló el Gobierno al presentar la medida.
Con la directiva, el Ejecutivo plantea que el proceso de liquidación esté acompañado de una reorganización administrativa que permita mantener la atención a las poblaciones beneficiarias, bajo principios de coordinación institucional, seguimiento y ejecución de los recursos públicos.
