El senador electo y exrepresentante a la Cámara Wadith Manzur fue trasladado desde una instalación de la Policía en Bogotá hacia la cárcel La Picota, en una nueva medida del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para reubicar a personas privadas de la libertad que permanecían en instalaciones policiales sin pertenecer a la Fuerza Pública. El movimiento fue reportado en las últimas horas y se suma a otros traslados realizados durante septiembre.
Manzur permanece privado de la libertad en el marco del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con presuntos acuerdos ilegales y eventuales irregularidades en contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En marzo de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte lo acusó por el presunto delito de cohecho impropio y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la Corte Suprema, la investigación está relacionada con hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023, cuando Manzur y otros congresistas integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La Sala señaló que se investigaron presuntos ofrecimientos a congresistas a cambio de comprometer su función en el trámite de operaciones de crédito y que estos acuerdos estarían relacionados con proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.
El traslado de Manzur hace parte de una serie de movimientos realizados por el Inpec durante septiembre. Entre los casos reportados también están los del expresidente de la Cámara Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, y otras personas privadas de la libertad que permanecían en instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).
La medida responde a la reorganización de los espacios de reclusión utilizados por personas privadas de la libertad que no tienen vínculo con la Policía o las Fuerzas Militares. Según reportes sobre la decisión, el objetivo es que las instalaciones policiales y militares recuperen su destinación institucional y que los detenidos sean trasladados a establecimientos penitenciarios administrados por el Inpec.
La situación judicial de Manzur continúa en manos de la Corte Suprema de Justicia. La decisión de marzo corresponde a una acusación por presunto cohecho impropio y a una medida de aseguramiento, por lo que el traslado a La Picota no constituye por sí mismo una nueva decisión sobre su responsabilidad penal.
